Protestan frente a Meta por presunta interferencia electoral

El pasado 19 de octubre, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales realizaron una manifestación frente a la sede de Meta en Brasil, ubicada en la avenida Faria Lima, en São Paulo.

Los participantes denunciaron una posible injerencia de la compañía en el proceso electoral y exigieron transparencia sobre el funcionamiento de sus plataformas, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp.

La movilización ocurrió después de que se revelaran comunicaciones internas de empleados de Meta que, según reportes de prensa, reconocían que restricciones técnicas habían perjudicado las cuentas de Lula en Instagram y que perfiles vinculados a Flávio Bolsonaro aparecían en recomendaciones de la plataforma.

Durante la protesta, organizaciones defensoras de los derechos digitales reclamaron que las grandes empresas tecnológicas rindan cuentas por el impacto de sus sistemas de recomendación y moderación en los procesos democráticos.

Las acusaciones contra los algoritmos de Zuckerberg

La controversia comenzó cuando la campaña de Lula denunció ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que sus publicaciones tenían menor alcance y que su cuenta publicitaria había enfrentado restricciones, mientras que contenidos relacionados con su adversario recibían un trato distinto.

También señaló que Meta AI rechazaba determinadas solicitudes para generar imágenes electorales de Lula, pero permitía otras relacionadas con Flávio Bolsonaro.

Entre los señalamientos figuró que, al buscar en WhatsApp el canal “Ejército de Lula”, aparecía como sugerencia “Tropa de Flávio”, vinculado con la campaña del senador.

Meta negó haber favorecido deliberadamente a alguno de los candidatos. La empresa atribuyó los problemas a fallas técnicas, filtros de seguridad y mecanismos automatizados que, según su versión, no respondían a criterios ideológicos.

La Justicia Electoral intervino y elevó las posibles sanciones

Ante las denuncias, el Tribunal Superior Electoral ordenó a Meta garantizar un trato igualitario a ambas campañas y evitar restricciones injustificadas en la distribución de contenidos políticos.

La medida contempló inicialmente una multa diaria de 500 mil reales. Después de considerar insuficiente la respuesta de la compañía, el ministro Marco Aurélio Bellizze le concedió un plazo de 24 horas para acreditar el cumplimiento de las disposiciones y elevó la posible sanción a un millón de reales diarios.

El 20 de octubre, Meta informó al tribunal que había implementado 17 medidas para atender las exigencias. Entre ellas incluyó revisiones humanas de restricciones a cuentas publicitarias oficiales y evaluaciones de posibles bloqueos automáticos en un plazo de dos horas.

La empresa también reportó que retiró 720 publicaciones con contenido generado mediante inteligencia artificial que no contaban con la identificación correspondiente.

Lula ganó las elecciones: ¿qué pasó después de las denuncias?

La controversia se desarrolló durante los días previos a la segunda vuelta presidencial, celebrada el 25 de octubre. Ese día, Lula da Silva obtuvo la reelección con 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51.79% de los sufragios válidos.

Flávio Bolsonaro quedó en segundo lugar con 59 millones 826 mil 41 votos, el 48.21%, de acuerdo con los resultados anunciados por el Tribunal Superior Electoral.

La victoria de Lula cerró la contienda en las urnas, pero no elimina las preguntas sobre el funcionamiento de las plataformas digitales durante la campaña. Las denuncias de restricciones y recomendaciones desiguales abrieron un debate sobre la transparencia de los algoritmos y la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los procesos democráticos.

Hasta ahora, las acusaciones de la campaña de Lula no equivalen a una determinación judicial de que Meta haya manipulado deliberadamente el resultado electoral. La compañía mantiene que no favoreció a ninguna candidatura y que los incidentes respondieron a problemas técnicos.

El episodio deja una discusión que trasciende el resultado electoral: ¿hasta dónde debe llegar la supervisión de las grandes plataformas cuando sus decisiones automatizadas pueden influir en la circulación de información política?