Una nueva polémica envuelve a la periodista Adela Micha tras difundirse una convocatoria laboral de su medio digital La Saga, en la que busca incorporar jóvenes mediante el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsado por el Gobierno de México.

La publicación fue compartida en las redes sociales oficiales de La Saga e invita a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan a postularse a distintas áreas del proyecto periodístico.

Las vacantes disponibles incluyen puestos para reporteros, editores de video, personal de marketing y redes sociales, así como asistentes de producción y administración.

Para participar, los interesados deben registrarse en la plataforma oficial del programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y buscar la vacante identificada con el folio 2588791.

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece a los beneficiarios una capacitación laboral de hasta 12 meses, además de un apoyo económico mensual y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante ese periodo.

La convocatoria provocó reacciones en redes sociales, donde diversos usuarios señalaron una aparente contradicción entre el uso de este programa y las críticas que Adela Micha ha expresado en distintos espacios sobre políticas y programas impulsados por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Durante los últimos años, la periodista ha mantenido una postura crítica respecto a diversas acciones del gobierno federal, lo que llevó a que la difusión de estas vacantes generara un amplio debate entre sus seguidores y detractores.

Mientras algunos internautas cuestionaron que recurriera a un programa que anteriormente había sido criticado, otros defendieron que cualquier empresa puede aprovechar los mecanismos de vinculación laboral disponibles para incorporar talento joven.

Hasta el momento, ni Adela Micha ni La Saga han emitido una postura pública sobre los comentarios surgidos tras la publicación de la convocatoria.

La discusión también reavivó el debate sobre el alcance de los programas públicos y su utilización por empresas privadas, independientemente de la postura política de quienes los implementan como herramienta de contratación.