La problemática del agua en la capital jalisciense escaló de manera drástica tras acumularse más de mil quejas formales en al menos 475 colonias. Los habitantes denuncian que de sus grifos brota un líquido oscuro, con olor penetrante a drenaje y densidad similar al chapopote, obligando a las familias a gastar presupuestos extraordinarios en agua de garrafón para tareas básicas como bañarse o lavar la ropa, mientras lidian con riesgos dermatológicos y gastrointestinales.

Ante la presión de bloqueos viales y protestas ciudadanas, el gobernador Pablo Lemus admitió la magnitud del problema y ordenó suspender el suministro proveniente de la presa Las Pintas tras detectar descargas contaminantes irregulares. Al retirar este caudal y argumentar que la red de tuberías tiene más de 70 años sin mantenimiento, el Ejecutivo estatal anunció que la metrópoli entrará en un esquema de tandeos y cortes programados por al menos seis meses, mientras se agilizan obras en la planta de Miravalle y el acueducto de La Calera.

En medio de este colapso operativo y la destitución del director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, el debate público se ha centrado en las sospechas de privatización del recurso. Diversos colectivos, activistas y ciudadanos en redes sociales denuncian que las fallas históricas del organismo público se están utilizando como argumento para justificar la entrega de contratos de operación o licitaciones a la empresa de tecnología hídrica Mekorot, señalando que existen antecedentes de cooperación técnica con Conagua desde 2013.

Los críticos ponen como ejemplo el caso de Chihuahua, donde la Junta Central de Agua y Saneamiento firmó convenios con la firma Mekorot para el diseño de planes maestros, los cuales enfrentaron un fuerte rechazo local por presuntas violaciones a la soberanía nacional al no contar con el aval de la SRE. A este temor de privatización se suman severos cuestionamientos ideológicos y sociales de organizaciones internacionales de derechos humanos hacia dicha corporación, lo que ha encendido las alarmas entre activistas locales que exigen mantener el control estatal de la infraestructura.

Mientras la oposición en el Congreso exige declarar la emergencia sanitaria respaldándose en estudios del IMDEC y la UdeG que confirmaron plomo, bacterias y parásitos como Giardia lamblia en las tuberías, la ciudadanía mantiene manifestaciones activas. El descontento social no solo exige frenar cualquier intento de concesión privada, sino también atender el impacto de género de la crisis, ya que el 65% de las tareas del hogar relacionadas con la recolección alternativa de agua recaen desproporcionadamente en las mujeres.