Las consecuencias del régimen de excepción implementado en El Salvador continúan generando polémica. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron un nuevo aumento en el número de personas fallecidas dentro del sistema penitenciario desde que comenzó la medida en marzo de 2022.

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que tiene documentadas al menos 554 muertes de personas detenidas durante este periodo, quienes fallecieron mientras permanecían bajo custodia del Estado.

De acuerdo con la organización, el 94% de las personas fallecidas no tenía un perfil comprobado de pertenecer a pandillas, por lo que sostienen que muchas de ellas murieron sin haber recibido una sentencia judicial.

SJH afirmó que numerosas víctimas habrían perdido la vida por presuntas agresiones físicas, falta de atención médica o la negativa de recibir tratamientos adecuados durante su permanencia en prisión.

La organización también advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor debido a que, según señala, existe un acceso limitado a la información oficial y los procesos judiciales masivos dificultan conocer el número exacto de fallecimientos.

El régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022 tras una ola de violencia atribuida a las pandillas que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana.

Desde entonces, la medida ha sido renovada de manera continua y ha permitido la detención de más de 92 mil personas, acusadas por el gobierno de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales.

El presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad del régimen, al asegurar que ha permitido reducir significativamente los índices de violencia y recuperar el control de territorios dominados por pandillas. La estrategia mantiene altos niveles de aprobación entre la población salvadoreña.

Sin embargo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la defensa y el debido proceso, además de documentar miles de denuncias por presuntas detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido un pronunciamiento sobre las cifras presentadas por Socorro Jurídico Humanitario ni sobre las acusaciones relacionadas con las muertes registradas en los centros penitenciarios.