La disputa por la planta de amoniaco de Topolobampo ha vuelto a cobrar fuerza a medida que se acerca el inicio de las pruebas operativas previstas para 2027. Organizaciones ambientalistas han intensificado sus movilizaciones para exigir la cancelación definitiva del proyecto.

Ubicada en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, una de las zonas ecológicas más importantes del norte del país, la obra es desarrollada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman.

Los opositores sostienen que la construcción amenaza un ecosistema donde habitan especies como delfines, lobos marinos, aves migratorias, manglares y vegetación característica de la región costera sinaloense.

Además del impacto ambiental, comunidades indígenas Mayo-Yoreme y pescadores locales han manifestado preocupación por posibles afectaciones a la pesca, principal fuente de ingresos para cientos de familias de la zona.

El proyecto contempla la producción de aproximadamente 2 mil toneladas diarias de amoniaco, así como la construcción de infraestructura marítima y terrestre de gran escala, incluyendo terminales portuarias, canales de navegación y un amonioducto de más de dos kilómetros.

La planta recibió autorización ambiental en 2014 y una ampliación de plazo en 2018, pero desde entonces ha enfrentado procesos judiciales, inspecciones ambientales y recursos legales impulsados por habitantes y organizaciones civiles.

Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó una consulta indígena en 2022. De acuerdo con datos oficiales, 11 comunidades respaldaron la continuidad del proyecto, mientras que las localidades más cercanas a la Bahía de Ohuira rechazaron la iniciativa.

Durante los últimos meses, dependencias federales como Semarnat, Profepa e INPI han sostenido reuniones con comunidades afectadas para escuchar inquietudes relacionadas con permisos, impactos ambientales y consecuencias económicas.

Los colectivos ambientalistas aseguran que el proyecto podría provocar alteraciones en la calidad del agua, daños a especies marinas y modificaciones permanentes en el equilibrio ecológico de la región.

También sostienen que la planta permitiría a la empresa acceder a gas natural más barato y operar bajo condiciones regulatorias distintas a las que enfrentaría en Europa, argumento que ha alimentado aún más el debate.

Mientras continúan los procedimientos legales y las mesas de diálogo, la Bahía de Ohuira permanece en el centro de una confrontación que enfrenta dos visiones opuestas: el impulso industrial y la defensa de uno de los ecosistemas más valiosos del noroeste mexicano.