La batalla de Alito cruza la frontera

La confrontación política alrededor de Alejandro Moreno sumó un nuevo escenario luego de que el dirigente nacional del PRI presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Moreno acusa a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga de presuntos actos de censura, después de que el INE ordenara retirar publicaciones en las que el priista se refería a Morena como “narcopartido”.

El senador priista solicitó incluso que Estados Unidos valore sanciones bajo la Ley Magnitsky y el retiro de visas a los funcionarios electorales. También ha anunciado que llevará sus acusaciones ante organismos internacionales.

La estrategia provocó una respuesta directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó que Moreno busque respaldo fuera del país en lugar de enfrentar sus diferencias dentro de las instituciones mexicanas.

“Hasta da risa”: Sheinbaum responde

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó la denuncia de Moreno como una muestra de que el dirigente priista ya no confía en México ni en los mexicanos.

“Es ya el nivel más bajo de creer en México. Ya no cree en México, ni en los mexicanos”, afirmó la presidenta, quien también puso en duda que el dirigente del PRI tenga credibilidad suficiente para generar respaldo en el extranjero.

La mandataria aseguró además que el PRI se encuentra en una etapa de “extinción” y sostuvo que la viabilidad política de un país depende de su democracia, sus libertades y del respaldo de su población.

Mientras tanto, el círculo de Alito enfrenta detenciones

La ofensiva internacional del dirigente priista ocurre paralelamente a investigaciones en Campeche contra personas relacionadas con su entorno político y familiar.

Entre los detenidos se encuentra Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de “Alito”. Las autoridades investigan un presunto desvío de 97 millones de pesos relacionado con la empresa Mayavisión.

También fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó como director de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche. En su caso, se investiga una presunta operación con empresas factureras relacionada con aproximadamente 36 millones de pesos.

Ambos casos son investigados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche y forman parte de un escenario judicial que ha incrementado la presión sobre el dirigente priista.

¿Qué tiene que ver el desafuero?

Sheinbaum aclaró que las investigaciones corresponden a la Fiscalía General del Estado de Campeche, mientras que una eventual solicitud de desafuero debe ser analizada por el Congreso.

La presidenta insistió en que, si existen elementos para acreditar algún delito, el procedimiento debe seguir los cauces legales y no convertirse en una disputa política desde Palacio Nacional.

Moreno, por su parte, sostiene que las investigaciones forman parte de una persecución política en su contra debido a su papel como dirigente de uno de los principales partidos de oposición.

La confrontación también llegó al Senado

El conflicto escaló esta semana dentro del Congreso, donde el diputado morenista Arturo Ávila y el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla protagonizaron un altercado con empujones e insultos.

El enfrentamiento ocurrió después de que Ávila cuestionara a Moreno por acudir a autoridades estadounidenses para denunciar a funcionarios mexicanos. El morenista acusó al dirigente priista de buscar injerencia extranjera en asuntos internos.

Gutiérrez Mancilla respondió con señalamientos contra Ávila, mientras que el legislador de Morena lo calificó como “el porro de Alito”.

La dirigencia de Morena condenó posteriormente el episodio y calificó el enfrentamiento como un acto de violencia política. Ariadna Montiel expresó su respaldo a Ávila y acusó al PRI de mantener prácticas autoritarias.

Una disputa que ya no es sólo inmobiliaria

El caso de Alejandro Moreno se encuentra ahora en varios frentes: las investigaciones sobre su patrimonio y la red de propiedades vinculadas con su familia y colaboradores; los procesos contra personas de su círculo cercano; la disputa con el INE y su ofensiva ante autoridades estadounidenses.

Mientras el dirigente priista acusa persecución política, las autoridades de Campeche sostienen investigaciones que podrían tener nuevas consecuencias jurídicas.

Y en medio de la batalla, Sheinbaum ya fijó postura: “Si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la Fiscalía y al Congreso”.

El siguiente capítulo podría definirse con el eventual avance del proceso de desafuero y las decisiones que tomen las autoridades judiciales y legislativas.