En medio de una fuerte polémica política y social, el Congreso de Argentina aprobó una reforma a la ley de glaciares que permite la expansión de la actividad minera en zonas previamente protegidas, una decisión que ha generado rechazo entre organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.

La nueva normativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, flexibiliza las restricciones que desde 2010 limitaban la explotación de recursos en áreas consideradas estratégicas por su función como reservas de agua. Ahora, serán las provincias las encargadas de determinar si existe daño ambiental, lo que, según especialistas, debilita la protección efectiva de estos ecosistemas.

Datos del Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) estiman que en el país existen alrededor de 17 mil cuerpos de hielo que cubren más de 8 mil kilómetros cuadrados, lo que subraya la relevancia ambiental del tema.

El oficialismo defendió la reforma como una vía para reactivar la economía mediante la atracción de inversiones extranjeras, particularmente en el sector minero. La iniciativa contó con el respaldo de fuerzas como el PRO y la Unión Cívica Radical, además de partidos provinciales interesados en el desarrollo económico de regiones cercanas a la cordillera de los Andes.

Sin embargo, la oposición lanzó fuertes críticas. Legisladores señalaron que la ley favorece intereses empresariales por encima del cuidado ambiental. Incluso, algunos calificaron la medida como un “proyecto de saqueo” y advirtieron sobre los riesgos de comprometer recursos hídricos clave.

La aprobación se dio en un contexto adverso para el gobierno. Encuestas recientes reflejan un aumento en la desaprobación ciudadana hacia Milei, mientras se acumulan cuestionamientos por otros temas, incluyendo presuntas irregularidades dentro de su administración.

Organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, ya anticiparon que llevarán el caso a los tribunales, lo que podría prolongar la disputa legal y política en torno a una reforma que redefine el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en Argentina.