Una ruta de transferencias bajo investigación

La administración de Samuel García enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificara un presunto esquema de triangulación de recursos públicos durante la revisión de la Cuenta Pública 2025. El organismo presentó la denuncia penal el pasado 16 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En el informe entregado a la Cámara de Diputados, la auditoría incluyó un diagrama para mostrar las rutas que habrían seguido los recursos estatales a través de constructoras, comercializadoras y empresas de servicios, hasta llegar a un despacho jurídico presuntamente relacionado con el mandatario y su padre, Samuel Orlando García.

El auditor superior, Aureliano Hernández, explicó que en Nuevo León y Sinaloa se identificaron patrones de presunta simulación de operaciones y transferencias de dinero público hacia empresas y personas físicas con vínculos familiares con servidores públicos. También afirmó que el organismo tiene mapeados los movimientos de los recursos.

¿Cómo se habrían movido los 7 mil 200 millones de pesos?

Uno de los movimientos más importantes señalados por la ASF corresponde a una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal a una empresa constructora. Esta compañía habría enviado posteriormente 5 mil 154.6 millones a otra firma, desde la cual se transfirieron 385.3 millones al despacho jurídico señalado.

El esquema también contempla otras operaciones:

• 964 millones de pesos fueron transferidos a una comercializadora, que posteriormente habría canalizado 202.9 millones a una empresa de alimentos. Esta última envió el dinero al despacho jurídico.

• 243 millones de pesos se pagaron a una empresa de servicios, que transfirió 65.5 millones a una consultoría. De esa cantidad, 2.6 millones quedaron en la consultora y el resto habría llegado al despacho.

• Otros 154.2 millones de pesos fueron enviados a una empresa que pagó 144.4 millones a una compañía de equipamiento; de estos recursos, 77.03 millones se habrían destinado al despacho.

En conjunto, las distintas rutas descritas por la auditoría habrían canalizado 928.13 millones de pesos hacia la firma jurídica vinculada con el entorno familiar del gobernador.

La propiedad de mil millones de pesos

El informe también menciona una operación inmobiliaria por aproximadamente mil millones de pesos, que estaría relacionada con el esquema de movimientos financieros bajo investigación.

Sin embargo, los señalamientos sobre el posible destino de esos recursos todavía deben esclarecerse. La documentación de la adquisición, el origen del dinero y la identidad de quienes participaron en la operación serán elementos relevantes para determinar si existió algún beneficio patrimonial indebido.

La existencia de vínculos empresariales o familiares, por sí sola, no acredita la comisión de un delito. Corresponderá a las autoridades ministeriales investigar las operaciones y establecer posibles responsabilidades.

La ASF también señala operaciones en Sinaloa

El caso de Nuevo León no fue el único incluido en el informe. La ASF también documentó presuntas irregularidades durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, relacionadas con contratos de obra pública adjudicados a una constructora constituida por sus dos hijos.

De acuerdo con la auditoría, la empresa recibió depósitos superiores al valor de las obras realizadas y habría efectuado transferencias entre cuentas propias. También se identificaron movimientos de recursos hacia los hijos del exmandatario después de que dejaron de participar en la compañía, así como pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de un supuesto préstamo.

Ambos casos forman parte de los esquemas que la ASF puso bajo conocimiento de la FGR. Las investigaciones deberán determinar si las operaciones constituyeron desvíos de recursos públicos, simulación de contratos u otros posibles delitos.

Por ahora, la denuncia contra el gobierno de Nuevo León abre una nueva etapa de escrutinio sobre el manejo de las finanzas estatales y el destino de miles de millones de pesos del erario.