Las movilizaciones comenzaron hace más de tres semanas, pero esta semana alcanzaron un nuevo nivel de presión política. Miles de campesinos e indígenas marcharon desde regiones amazónicas como Beni y Pando hasta La Paz para protestar contra la Ley 1720, una reforma que, según denuncian, favorece a grandes empresarios agrícolas y pone en riesgo territorios comunitarios.

La protesta fue respaldada por poderosos sindicatos como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que anunciaron un paro nacional indefinido hasta que Rodrigo Paz deje el poder.

Los manifestantes acusan al gobierno de abrir la puerta a la privatización de tierras indígenas y campesinas mediante mecanismos financieros que permitirían hipotecar propiedades rurales. Diversos líderes sociales aseguran que esto facilitaría que corporaciones y grandes terratenientes terminen apropiándose de comunidades históricas.

“Las tierras no se venden, se defienden”, declaró el dirigente campesino Óscar Cardozo durante un acto masivo en La Paz. Las organizaciones sostienen que la reforma fue aprobada sin consultar a las comunidades afectadas, violando principios establecidos en la Constitución boliviana.

La tensión social se agravó por el deterioro económico que atraviesa Bolivia. El país enfrenta inflación, escasez de combustible, crisis de diésel y aumentos en el costo de vida, factores que detonaron bloqueos carreteros y protestas en distintas regiones.

Transportistas y trabajadores denunciaron además que el combustible disponible es de mala calidad y ha provocado daños en vehículos. Las cámaras empresariales estiman pérdidas millonarias debido al cierre de carreteras y a la interrupción del comercio interno.

En paralelo, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta críticas por impulsar políticas de austeridad y mantener subsidios reducidos mientras crece el descontento social. Diversos analistas señalan que el mandatario intenta sostener un delicado equilibrio entre controlar el déficit fiscal y evitar una explosión social mayor.

La Ley 1720 también generó alarma entre movimientos indígenas porque podría debilitar el modelo plurinacional impulsado durante el gobierno de Evo Morales. Comunidades originarias temen que el siguiente paso sea eliminar las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), consideradas fundamentales para preservar la propiedad colectiva indígena.

La protesta actual recuerda movilizaciones históricas en Bolivia, donde la lucha por la tierra ha sido uno de los ejes centrales de conflicto social. Organizaciones campesinas aseguran que el país vive un intento de retroceso político y económico en beneficio de grupos empresariales.

El conflicto también exhibe la fragmentación política de Bolivia tras el debilitamiento del Movimiento al Socialismo (MAS). Aunque Evo Morales mantiene influencia en sectores sociales, las organizaciones movilizadas buscan reposicionarse frente a un gobierno que consideran distante de las bases populares.

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene operativos policiales para liberar carreteras y contener disturbios. Sin embargo, la presión social continúa creciendo y ya existen advertencias sobre posibles enfrentamientos entre sectores civiles que apoyan y rechazan los bloqueos.

Con el país paralizado por huelgas, crisis económica y protestas indígenas, Bolivia enfrenta un escenario incierto que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis políticas y sociales de la región en 2026.