La crisis política y de seguridad en Baja California sumó un nuevo episodio tras la detención de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y exfiscal regional, durante un operativo encabezado por fuerzas federales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales desplegaron un fuerte operativo en un domicilio del fraccionamiento Los Arcos, en Mexicali, donde fue capturado el exfuncionario.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, Mendívil es señalado por su presunta participación, por acción u omisión, en diversos hechos delictivos, entre ellos un caso de desaparición forzada de dos jóvenes estadounidenses ocurrido en 2023.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que, además del exdirector, fueron detenidos un excomandante de la Policía Municipal y varios elementos en activo, quienes también son investigados por su posible participación en los hechos.

Según la fiscal estatal, las indagatorias apuntan a que los jóvenes habrían sido detenidos por policías municipales y posteriormente entregados a un grupo criminal, donde presuntamente fueron torturados y asesinados.

Paralelamente, otras líneas de investigación del Gobierno federal también señalan a Mendívil por presuntamente haber brindado protección a una organización criminal que opera en la región, además de recibir supuestos pagos mensuales en dólares a cambio de permitir sus actividades ilícitas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado que estos señalamientos hayan sido resueltos judicialmente, por lo que el proceso se encuentra en etapa de investigación y deberá ser determinado por las instancias correspondientes.

Antes de su captura, el exfuncionario difundió un video en redes sociales en el que rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución política.

Mendívil afirmó que su detención busca desviar la atención de los cuestionamientos dirigidos hacia el gobierno estatal y sostuvo que siempre actuó con lealtad durante su carrera en el servicio público.

Tras su arresto, las autoridades informaron que será trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente y posteriormente ingresado a un penal de alta seguridad, donde continuará el proceso legal en su contra.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre las instituciones de seguridad en Baja California y mantiene la atención pública sobre las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y la delincuencia organizada.