El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escalado a un conflicto de alcance internacional tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala —junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios— por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, los implicados habrían facilitado durante años el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano a cambio de sobornos y protección política, configurando una presunta red de complicidad desde el aparato gubernamental.

¿Quiénes están en la mira?

Además de Rocha Moya, la acusación incluye a figuras clave del ámbito político y de seguridad en Sinaloa, como Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil y Dámaso Castro Saavedra, así como exfuncionarios de corporaciones policiacas y administrativas.

Según el documento judicial, algunos servidores públicos habrían abusado de su cargo para proteger operaciones del cártel, filtrar información sensible, facilitar envíos de drogas —incluyendo fentanilo— y permitir la infiltración criminal en instituciones de seguridad.

Incluso se señala que policías habrían participado directamente en delitos como secuestros y homicidios contra presuntos informantes.

Rechazo y defensa desde México

Las acusaciones han sido rechazadas por los señalados. Rocha Moya aseguró que se trata de imputaciones “sin fundamento” y las calificó como un ataque político. En la misma línea, el senador Inzunza negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura cautelosa: afirmó que no se protegerá a nadie, pero subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas.

“Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder”, señaló la mandataria, quien también rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos internos del país.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró que en México no existen investigaciones que vinculen a Rocha Moya con el crimen organizado.

Proceso legal y tensión bilateral

La Fiscalía General de la República confirmó que ya recibió solicitudes de detención con fines de extradición, las cuales serán analizadas para determinar su viabilidad jurídica.

El caso ocurre en un momento delicado para la relación entre México y Estados Unidos, marcada por presiones del gobierno de Donald Trump para endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Incluso, se ha planteado la posibilidad de acciones directas en territorio mexicano, lo que ha sido rechazado por el gobierno de Sheinbaum al considerarlo una violación a la soberanía nacional.

Violencia, política y credibilidad

Mientras las acusaciones avanzan en tribunales estadounidenses, en Sinaloa persiste un contexto de violencia ligado a la disputa interna del crimen organizado.

El caso Rocha Moya no solo pone a prueba al sistema judicial mexicano, sino también la credibilidad de sus instituciones frente a la comunidad internacional.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿se trata de una red de complicidad real o de una confrontación política entre dos países en tensión?