Millones en publicidad oficial: los contratos bajo escrutinio

El gasto en comunicación institucional del gobierno de Chihuahua abrió un nuevo frente de confrontación política en el Congreso estatal. De acuerdo con revisiones periodísticas basadas en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la administración habría destinado al menos 2 mil 600 millones de pesos a publicidad oficial, difusión y relaciones públicas.

Entre los contratos señalados destacan 96.8 millones de pesos para Televisa y 89 millones para TV Azteca. También se reportan 21.7 millones de pesos para Latinus, mediante la empresa BCG Limited Consulting S.A. de C.V.; 2 millones para el portal de Joaquín López-Dóriga; 2.3 millones para Atypical TV, de Carlos Alazraki, y 1.5 millones vinculados con una conferencia de Adela Micha en el foro Referencia Norte 2024.

Las cifras han generado cuestionamientos sobre la distribución de los recursos públicos entre empresas de comunicación y figuras mediáticas, así como sobre los criterios utilizados para asignar los contratos.

Oposición acusa promoción política y exige reasignar recursos

Legisladores de Morena y sus aliados calificaron el monto como excesivo y cuestionaron que los recursos se destinen a publicidad mientras persisten necesidades de infraestructura y servicios públicos en distintas comunidades del estado.

Entre sus señalamientos, sostienen que el gasto podría contribuir a fortalecer la imagen de la gobernadora y reclamaron que una parte de esos fondos se dirija a hospitales, equipamiento médico, pavimentación y obras de agua potable. También denunciaron incrementos respecto de los presupuestos originalmente aprobados.

En sus posicionamientos, los legisladores opositores han solicitado una revisión más exhaustiva del ejercicio del gasto y cuestionado si las erogaciones cumplen una función informativa o responden a intereses de promoción política. Estas críticas constituyen señalamientos de las bancadas y no, por sí mismas, una determinación de ilegalidad.

Los 433 millones de pesos para relaciones públicas

La controversia se extiende a otro rubro: los 433 millones de pesos asignados a la Coordinación de Relaciones Públicas de la gubernatura para el ejercicio fiscal 2026, según los reportes citados.

Dentro de los gastos señalados figura un contrato de 1.3 millones de pesos para adquirir más de mil 500 corbatas y mascadas de marcas exclusivas, entre ellas Pineda Covalin. También se han cuestionado la compra de lámparas de escritorio con calentador de cera y la adquisición de 800 cajas de acrílico con nueces finas destinadas a obsequios institucionales.

La oposición considera que estas compras representan gastos suntuarios que deberían someterse a una revisión detallada. Además, legisladores solicitaron investigar contratos de vehículos adjudicados a una empresa familiar del exesposo de la gobernadora, al señalar un posible conflicto de interés. La existencia de una irregularidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

PAN defiende la legalidad y el objetivo institucional

En contraste, legisladores del PAN y bancadas aliadas respaldaron la estrategia de comunicación y relaciones públicas del Ejecutivo estatal. Sostienen que los recursos se ejercen dentro de los techos presupuestales autorizados y que la difusión institucional permite informar sobre programas sociales, alertas de protección civil, actividades culturales y proyectos de infraestructura.

Respecto a los obsequios y las actividades de representación, argumentan que forman parte de las relaciones con sectores empresariales y de la promoción económica de Chihuahua. También señalan que algunos recursos contemplan despensas, electrodomésticos, tinacos y actividades comunitarias dirigidas a habitantes de zonas rurales y comunidades vulnerables.

La disputa, por tanto, no solo gira en torno al monto del gasto, sino también a la justificación de cada partida, sus resultados y los mecanismos de rendición de cuentas.

Un debate sobre prioridades y transparencia

Las revelaciones colocan bajo escrutinio la forma en que el gobierno de Chihuahua distribuye los recursos destinados a comunicación y relaciones públicas. Mientras la oposición exige auditorías y una posible reorientación presupuestal, el oficialismo defiende el gasto como una herramienta de información, representación y promoción económica.

El punto central será determinar, mediante documentación presupuestal y fiscalización, cómo se ejercieron los recursos, qué servicios y bienes se recibieron a cambio y si cada contratación cumplió con las normas aplicables. Hasta contar con esas conclusiones, las acusaciones políticas deben distinguirse de las irregularidades que puedan acreditarse formalmente.