La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México. Aunque los ministros reconocieron el contexto de violencia contra la prensa, rechazaron conceder un amparo para modificar medidas de protección.

Por cinco votos contra tres, el Pleno determinó negar el recurso promovido por la periodista Myrna Susana Gómez, quien impugnó el esquema de seguridad asignado por el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al considerarlo insuficiente.

La mayoría de los ministros concluyó que la comunicadora presentó su inconformidad un día después del plazo legal de 30 días naturales establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que declararon constitucional dicha disposición.

Pese al fallo, la sentencia dejó abierta la posibilidad de que la periodista solicite en cualquier momento una revisión de sus medidas de protección si cambian las condiciones de riesgo que enfrenta.

Durante la discusión, la ministra María Estela Ríos González enfatizó que la legislación permite a las víctimas pedir una nueva evaluación cuando existan circunstancias distintas que ameriten reforzar su seguridad.

Tres ministros votaron en contra del proyecto, entre ellos el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien llamó a no perder de vista la situación que viven los periodistas en el país.

Como ejemplo, recordó el reciente asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, quien fue privada de la vida después de documentar en video el momento en que era interceptada por un grupo armado, subrayando la gravedad de los riesgos que enfrenta el gremio.

Myrna Susana Gómez ingresó al mecanismo de protección en 2019 tras denunciar amenazas presuntamente vinculadas al Cártel de Santa Rosa de Lima. Entre las medidas otorgadas se incluyeron reubicación temporal junto con sus hijas, hospedaje, alimentación, acceso a internet y un botón de asistencia.

En 2023, la Junta de Gobierno del mecanismo aprobó un nuevo plan de protección que la periodista consideró insuficiente. Tras ser desechado su recurso por presentarse fuera del plazo legal, promovió un amparo que también fue rechazado, decisión que finalmente fue confirmada por la Suprema Corte.