Una investigación de Código Magenta expone el presunto crecimiento del patrimonio inmobiliario de personas señaladas por operar una refinería clandestina en Cadereyta, Nuevo León, vinculada al robo y comercialización ilegal de combustibles.

De acuerdo con la publicación, la estructura financiera habría permitido adquirir propiedades de alto valor en Nuevo León y Quintana Roo mediante empresas dedicadas a inversiones inmobiliarias.

Entre los inmuebles destaca una residencia conocida como Casa Fuego, ubicada en el exclusivo desarrollo Isla Dorada, en Cancún. La propiedad, con vista a la Laguna Bojórquez, cuenta con muelle privado, albercas, gimnasio y una extensión aproximada de mil 600 metros cuadrados de construcción.

Según la investigación, la mansión tendría un valor comercial cercano a los 20 millones de dólares y habría sido adquirida con recursos provenientes de las operaciones de la denominada "Huachi-Refinería".

El reportaje identifica como principales operadores de la estructura a Ezequiel González Duelos y Ramiro Gándara Martínez, quienes presuntamente utilizaron la empresa Quarum Stone S.A. de C.V. para concretar diversas adquisiciones inmobiliarias.

Los documentos revisados por el medio señalan que dicha empresa formalizó al menos 11 operaciones de compra o posesión de inmuebles en el área metropolitana de Monterrey, con un valor documentado superior a los 229 millones de pesos.

Además, el patrimonio inmobiliario atribuido a González Duelos alcanzaría alrededor de 719 millones de pesos, aunque la investigación sostiene que esa cifra representaría solo una parte de los ingresos generados por la operación ilegal de combustibles.

Entre las propiedades mencionadas figuran edificios, terrenos y residencias ubicadas principalmente en San Pedro Garza García, considerado uno de los municipios con mayor poder adquisitivo del país.

La investigación también menciona un edificio valuado en aproximadamente 125 millones de pesos en la zona de Loma Blanca, además de inmuebles en Valle de Chipinque, San Agustín, Rincón del Campestre, Apodaca, El Barrial y otras zonas del estado.

De acuerdo con el reportaje, las adquisiciones coinciden con el periodo de mayor actividad comercial de la presunta refinería clandestina, cuya empresa operadora habría facturado miles de millones de pesos entre 2019 y 2026.

Asimismo, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas presentó denuncias relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra algunos de los involucrados.

El medio también refiere presuntos vínculos entre la estructura financiera y diversos actores políticos y empresariales, además de señalar que la operación ilegal habría contado con una compleja red de protección institucional. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un posicionamiento oficial sobre los nuevos señalamientos contenidos en la investigación.

Finalmente, el reportaje plantea que, aunque la infraestructura clandestina fue desmantelada, el patrimonio generado alrededor de sus operadores permanece registrado en escrituras, fideicomisos y catastros, por lo que el desafío para las autoridades será determinar si esos bienes fueron adquiridos con recursos de origen ilícito.