La disputa entre un productor tabasqueño y empresas del sector petrolero escaló nuevamente luego de que se denunciara un presunto ingreso ilegal a un rancho ubicado en el municipio de Comalcalco, pese a existir una resolución judicial que, según el afectado, impedía cualquier intervención en el predio.

Roberto Santos Prados, propietario del terreno localizado en la ranchería Miguel Hidalgo, afirmó que el pasado 22 de junio personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Halliburton ingresó a su propiedad acompañado por un fuerte despliegue de corporaciones policiacas, rompiendo los candados del acceso principal.

De acuerdo con su versión, durante el operativo fue retirada una carroza perteneciente a la funeraria de su familia, hecho que se suma a una incursión anterior ocurrida a mediados de junio, cuando denunció el presunto robo de dos vehículos particulares.

El productor sostiene que ambas acciones ocurrieron a pesar de contar con un amparo federal vigente que, asegura, prohíbe expresamente el ingreso de las compañías al inmueble mientras continúa el litigio.

Según explicó Santos Prados, el conflicto tiene su origen en la operación de los pozos petroleros Bricol 41 y Bricol 51, ubicados dentro de su propiedad. El afectado afirma que dichas actividades se realizan sin un convenio firmado de ocupación superficial o uso de suelo, además de que no ha recibido indemnización por los daños ocasionados ni por el aprovechamiento de sus tierras.

El propietario también señaló que mantiene un reclamo histórico para exigir el pago correspondiente por el uso de su terreno y por las afectaciones ambientales derivadas de la actividad petrolera, motivo por el cual ha realizado diversas acciones para impedir el acceso a las instalaciones.

Asimismo, denunció que elementos de seguridad pública permanecen resguardando los accesos al campo petrolero, situación que, a su juicio, favorece la continuidad de las operaciones de las empresas mientras él enfrenta restricciones para ejercer plenamente sus derechos sobre la propiedad.

Ante estos hechos, Santos Prados informó que su equipo jurídico presentará una denuncia ante el juzgado federal correspondiente por un presunto desacato a la suspensión otorgada por la autoridad judicial. Además, anunció que promoverá acciones penales por el presunto robo de vehículos, la sustracción de la carroza funeraria y los daños ocasionados a su patrimonio.

Hasta el momento, ni Pemex ni Halliburton han emitido una postura pública sobre las acusaciones realizadas por el propietario del predio.