La tensión se apoderó este martes de la Huasteca potosina tras un operativo realizado en el predio La Peña, donde desde hace más de tres décadas habitan familias de origen tének y náhuatl. La acción, relacionada con un conflicto por la posesión de tierras, provocó enfrentamientos, desalojos y una fuerte reacción de organizaciones sociales.

De acuerdo con testimonios recopilados por representantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), desde las primeras horas de la mañana arribaron al lugar decenas de personas vestidas de negro, acompañadas por elementos de la Guardia Civil Estatal y Policía Ministerial.

Habitantes de la comunidad denunciaron que durante el operativo se empleó la fuerza contra hombres, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad e incluso menores de edad. Las familias afectadas aseguran que varias viviendas quedaron abandonadas y que numerosas personas perdieron temporalmente acceso a sus pertenencias.

El saldo preliminar reportado por organizaciones campesinas señala la detención de nueve integrantes de la comunidad. Tres de ellos fueron liberados horas después, pero seis personas continúan sin que se conozca oficialmente su ubicación.

Entre los comuneros cuyo paradero ha sido denunciado como desconocido se encuentran Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez y Miguel Santos.

Según los testimonios de quienes recuperaron su libertad, algunos de los detenidos habrían sido golpeados, arrastrados y abandonados posteriormente en distintos puntos de la región. Además, señalaron que uno de los líderes comunitarios fue visto inconsciente durante su traslado.

Las organizaciones que respaldan a la comunidad sostienen que las familias nunca invadieron el terreno, sino que se asentaron en la zona hace más de 30 años luego de que antiguos propietarios abandonaran los ranchos donde trabajaban. Desde entonces, aseguran haber mantenido una posesión continua, pública y pacífica de aproximadamente 200 hectáreas.

El conflicto ha cobrado relevancia debido al valor estratégico del predio, ubicado a escasos metros de la cabecera municipal de Tampamolón Corona. Líderes campesinos afirman que existen intereses relacionados con futuros desarrollos habitacionales que habrían incrementado la presión sobre la comunidad indígena.

Representantes de la CIOAC señalaron que el caso ya era analizado en mesas de diálogo con autoridades estatales y federales, incluyendo instancias como la Secretaría de Gobernación, Sedatu y la Procuraduría Agraria, por lo que calificaron el operativo como una ruptura de los acuerdos de negociación.

Mientras tanto, colectivos defensores de derechos humanos y organizaciones indígenas han exigido la localización inmediata de los comuneros desaparecidos, el cese de cualquier acto de violencia en la zona y la reapertura de los mecanismos de diálogo para resolver el conflicto agrario. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura detallada sobre las denuncias realizadas por los habitantes de La Peña.