La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) volvió a tensarse luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara una estrategia para reducir la influencia del tribunal y promover la salida de los países que forman parte de él.

Durante un pronunciamiento oficial, Rubio aseguró que Washington iniciará una "campaña de gran envergadura" para desmantelar lo que calificó como una amenaza contra la soberanía estadounidense.

El Departamento de Estado sostiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos y rechaza cualquier intento de investigar o procesar a militares, agentes de inteligencia o funcionarios estadounidenses.

Según la administración estadounidense, el tribunal internacional se atribuye facultades que Washington nunca ha reconocido, al considerar que Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, pero nunca lo ratificó.

Como parte de la estrategia, el gobierno estadounidense buscará convencer a los 125 Estados miembros de abandonar la Corte, además de imponer sanciones contra organizaciones que colaboren con la institución.

Las medidas también contemplan restricciones migratorias para funcionarios de la CPI, quienes tendrían prohibido ingresar a territorio estadounidense, así como nuevas limitaciones financieras dirigidas contra integrantes del tribunal.

Rubio adelantó que Estados Unidos también solicitará a los países aliados, especialmente aquellos que reciben apoyo militar o forman parte de su esquema de seguridad, rechazar cualquier jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses.

La actual administración ya había impuesto sanciones contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y otros miembros del organismo, luego de las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios israelíes por la guerra en Gaza y las investigaciones relacionadas con personal estadounidense en Afganistán.

La decisión generó una rápida respuesta de la Unión Europea, que manifestó su respaldo a la Corte Penal Internacional y anunció que continuará impulsando medidas diplomáticas, jurídicas y financieras para garantizar el funcionamiento del organismo.

Diversos analistas consideran que la ofensiva estadounidense podría profundizar el debate internacional sobre el alcance de la justicia internacional y el papel de la CPI frente a las principales potencias mundiales.

La Corte Penal Internacional, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene como misión investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.