La política migratoria de Estados Unidos podría endurecerse aún más con un nuevo programa impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que contempla la contratación de investigadores privados para localizar a migrantes deportados fuera del país.

La iniciativa, denominada “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, pretende identificar el domicilio de personas expulsadas de Estados Unidos y notificarles sobre multas pendientes relacionadas con procesos migratorios.

De acuerdo con documentos oficiales, el programa tendría un presupuesto de hasta 9 millones de dólares durante los próximos dos años y operaría inicialmente en México, Honduras y Guatemala, aunque podría extenderse a otros países.

Los contratistas deberán confirmar la ubicación de cada persona mediante fotografías de sus viviendas, recibos de servicios, documentos laborales, expedientes judiciales e incluso certificados de defunción, en caso de que el migrante haya fallecido.

Además, deberán entregar un folleto, en inglés y español, con el detalle de las multas que, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), siguen pendientes de pago.

Las sanciones se basan en una disposición de la ley migratoria de 1996 que permaneció inactiva durante años y que fue reactivada durante la administración de Donald Trump. Según el DHS, actualmente existen multas acumuladas por más de 84 mil millones de dólares.

Las penalizaciones pueden ascender a 998 dólares por día durante un periodo de hasta cinco años, lo que ha generado adeudos individuales de hasta 1.8 millones de dólares. Organizaciones defensoras de migrantes afirman que algunas agencias privadas incluso agregan cargos administrativos adicionales.

El gobierno estadounidense ha ofrecido condonar estas multas a quienes abandonen voluntariamente el país mediante la aplicación CBP Home. Sin embargo, esa exención no incluye otros cobros establecidos por ley, como una sanción de 5 mil 130 dólares para ciertos casos de deportación.

Especialistas en derecho migratorio consideran que la estrategia representa una escalada en las medidas de presión contra los migrantes y cuestionan su viabilidad jurídica y práctica.

También advierten que muchas de las personas afectadas pertenecen a familias de estatus migratorio mixto, por lo que familiares que aún permanecen en Estados Unidos podrían sentirse presionados a cubrir los adeudos para evitar futuras consecuencias.

Los documentos señalan que los contratistas recibirán un pago por cada persona localizada y notificada, independientemente de que el gobierno logre recuperar el dinero.

Hasta ahora, autoridades de México, Guatemala y Honduras no han informado si colaborarán con este programa. Mientras tanto, legisladores estadounidenses y organizaciones civiles continúan cuestionando la legalidad de las multas y exigen que se respeten las garantías de debido proceso para las personas migrantes.