La carrera mundial por asegurar minerales esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico mantiene la atención sobre la República Democrática del Congo (RDC), donde organizaciones de derechos humanos advierten que continúan las violaciones contra comunidades vinculadas a la extracción de cobalto y cobre.

Un informe elaborado por Amnistía Internacional y la organización congoleña IBGDH documentó cómo la expansión de la minería industrial provocó desalojos forzados, contaminación ambiental, violencia y graves afectaciones a los derechos humanos en distintas comunidades del país.

La RDC concentra las mayores reservas de cobalto del mundo y aporta alrededor del 70% del suministro global, un mineral indispensable para fabricar baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos.

Aunque el informe fue publicado previamente, organizaciones internacionales sostienen que muchos de los problemas descritos continúan vigentes en 2026. Entre ellos destacan el trabajo infantil, las condiciones laborales de alto riesgo, la contaminación de fuentes de agua y el desplazamiento de familias para ampliar proyectos mineros.

Además, expertos advierten que la creciente competencia internacional por controlar minerales críticos podría aumentar la presión sobre estas comunidades si no se fortalecen los mecanismos de protección de los derechos humanos y la supervisión de las cadenas de suministro.

La crisis sigue vigente

En 2026, la minería artesanal continúa siendo el principal sustento de miles de familias congoleñas, donde persisten accidentes mortales, explotación laboral y trabajo infantil impulsados por la pobreza y los conflictos armados.

Al mismo tiempo, el gobierno de la RDC busca ejercer un mayor control sobre sus recursos estratégicos mediante nuevas políticas comerciales, mientras diversas empresas tecnológicas impulsan el reciclaje de minerales para reducir su dependencia del cobalto extraído en zonas de conflicto.

Sin embargo, especialistas advierten que garantizar una cadena de suministro completamente libre de abusos sigue siendo un desafío, debido a que parte del mineral obtenido en explotaciones informales continúa mezclándose con el producido por operaciones industriales.