La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente judicial, las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados habrían colaborado con la organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, además de incurrir en delitos relacionados con armas de fuego, violencia y encubrimiento.

Red de protección desde el poder

La acusación señala que los funcionarios habrían abusado de sus cargos para proteger las operaciones del cártel, permitir el trasiego de narcóticos y recibir sobornos. Incluso, se menciona la existencia de una supuesta “nómina” criminal en la que se registraban pagos periódicos a servidores públicos bajo nombres clave.

Entre los implicados figuran exfuncionarios de alto nivel, mandos policiacos y el actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quien se le atribuye haber recibido sobornos para no interferir en las operaciones del grupo delictivo.

Señalamientos sobre proceso electoral

Uno de los puntos más delicados de la acusación es que la facción criminal conocida como Los Chapitos habría intervenido en el proceso electoral de 2021 para favorecer la llegada de Rocha Moya al poder.

Según la fiscalía, líderes del grupo, como Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, habrían pactado apoyo político a cambio de protección institucional. Entre las acciones descritas se incluyen intimidación a opositores, robo de urnas y presuntos secuestros durante el proceso electoral.

Infiltración en corporaciones de seguridad

El documento también detalla una presunta infiltración del cártel en corporaciones de seguridad y procuración de justicia en el estado. De acuerdo con la investigación, policías y fiscales habrían colaborado directamente con la organización, proporcionando información sensible, evitando detenciones y participando en actos violentos.

Entre los casos más graves se menciona la presunta participación de elementos policiales en secuestros y homicidios, incluido el asesinato de una fuente vinculada con la DEA.

Sin postura oficial en México

Hasta el momento, ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni autoridades mexicanas han emitido una postura oficial sobre las acusaciones, las cuales forman parte de un proceso judicial en Estados Unidos y deberán ser probadas en tribunales.

El caso ha sido asignado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se perfila como uno de los expedientes más delicados en materia de cooperación internacional y combate al narcotráfico, al involucrar directamente a figuras del más alto nivel político en México.