Imagen extraída de video compartido en redes sociales.
El caso surgió a partir de un video difundido por el propio exelemento, quien explicó los motivos que lo llevaron a separarse de la Guardia Nacional después de su experiencia dentro de la institución.
Tony Galgo afirmó que antes de incorporarse tenía una percepción distinta sobre las Fuerzas Armadas, pero aseguró que durante su servicio conoció prácticas que, desde su perspectiva, no correspondían con los principios que lo llevaron a ingresar.
Entre los señalamientos que realizó se encuentran presuntos actos de corrupción, detenciones que calificó como arbitrarias y situaciones relacionadas con el uso excesivo de la fuerza durante labores de seguridad pública.
El exoficial también cuestionó la participación de personal con formación militar en tareas de seguridad pública. A su juicio, esta preparación puede influir en la manera en que algunos elementos desempeñan funciones que requieren un enfoque policial.
Además, denunció presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución, así como supuesto consumo de sustancias prohibidas por parte de algunos integrantes.
Otro de los aspectos señalados fue la existencia de cooperaciones económicas entre elementos para cubrir necesidades operativas. Según su testimonio, estos recursos habrían sido utilizados incluso para atender problemas de mantenimiento de patrullas con deficiencias mecánicas.
Durante el video en el que anunció su salida, Tony Galgo sostuvo que tomó la decisión porque ya no quería formar parte de un sistema con el que había dejado de identificarse.
El exintegrante aseguró que concluyó su servicio “con la frente en alto” y afirmó que nunca recibió dinero de ciudadanos ni participó en actos de corrupción durante el tiempo que perteneció a la corporación.
Sin posicionamiento oficial
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones realizadas por el exelemento.
Las declaraciones corresponden al testimonio personal de Tony Galgo y, por sí mismas, no representan una determinación de responsabilidades. Cualquier posible irregularidad tendría que ser investigada y acreditada por las autoridades correspondientes.
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