Una de las redes de contrabando de combustible más complejas en México fue desmantelada tras una serie de investigaciones que expusieron un entramado de empresas fachada, evasión fiscal y logística a gran escala.

El caso se originó en marzo de 2024, cuando fue asegurado un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal en Altamira, Tamaulipas. A partir de ese hallazgo, las autoridades rastrearon una estructura mucho más amplia, con operaciones que habrían alcanzado los 23 mil millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal especial Ulises Lara, se trata de una acción “sin precedentes” que permitió desmantelar una de las redes más importantes del país en el mercado ilícito de combustibles.

A este operativo se sumó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular, Omar García Harfuch, destacó que los trabajos de inteligencia e investigación lograron afectar directamente la capacidad operativa y financiera del grupo criminal.

Según las autoridades, la red funcionaba mediante un esquema integral que incluía la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado, almacenamiento y comercialización. Para ello, utilizaban empresas fachada, prestanombres y mecanismos financieros diseñados para ocultar recursos ilícitos.

El combustible era disfrazado como lubricantes, aditivos o aceites mediante documentos falsos y facturación apócrifa, lo que les permitía evadir controles. Además, operaban con un sistema logístico multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre, dificultando su rastreo en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

Como parte de los operativos, se realizaron cateos en al menos 20 inmuebles —10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo—, donde fueron detenidas siete personas, incluido el presunto líder identificado como Mauricio “N”.

Entre los aseguramientos destacan más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, tractocamiones, armamento, dinero en efectivo y equipo tecnológico. También se detectó que uno de los grupos tenía la capacidad de mover hasta 1.5 millones de litros de combustible por semana.

El desmantelamiento de esta red confirma la evolución del llamado “huachicol”, que ha pasado de prácticas rudimentarias a estructuras altamente organizadas con apariencia legal y alcance nacional.

Aunque el golpe representa un avance significativo, especialistas advierten que el reto continúa: cerrar las brechas en los sistemas regulatorios que permiten a estas organizaciones operar dentro de la economía formal.