Imagen de redes sociales.
Una nueva filtración conocida como “Hondurasgate” abrió una crisis política y diplomática de alcance regional. La investigación, difundida por medios como Diario Red América Latina, Canal Red, Página 12 y La Jornada, expone presuntas conversaciones entre el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y funcionarios de Honduras sobre una operación internacional de propaganda, desinformación y presión política contra gobiernos progresistas de la región.
El caso tomó relevancia mundial luego de que en los audios se mencionara directamente al presidente argentino Javier Milei como presunto financiador de una estructura de comunicación destinada a atacar mediáticamente a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.
De acuerdo con los materiales difundidos, las conversaciones habrían ocurrido entre enero y abril de 2026 mediante WhatsApp, Signal y Telegram. Los audios fueron atribuidos a Juan Orlando Hernández, condenado previamente por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente indultado por la administración de Donald Trump.
El presunto financiamiento desde Argentina
Uno de los fragmentos más polémicos corresponde a una conversación donde Hernández asegura haber hablado directamente con Milei para coordinar apoyo económico a una “unidad de periodismo digital” que operaría desde territorio estadounidense.
En el audio, Hernández afirma que el mandatario argentino “está apoyando con 350 mil dólares también”, recursos que presuntamente serían utilizados para crear una plataforma mediática enfocada en producir campañas contra gobiernos de izquierda en América Latina.
Según la investigación, el objetivo era construir una “célula informativa” fuera de Honduras para evitar rastreos locales y lanzar “expedientes” contra México, Colombia y el gobierno hondureño encabezado por Xiomara Castro.
Los reportes señalan además que la estructura habría sido coordinada con sectores republicanos estadounidenses cercanos a Trump y operadores políticos internacionales.
La estrategia: fake news, lawfare y guerra cultural
La investigación sostiene que la operación no se limitaba a campañas digitales. Los audios describen un esquema regional que incluiría difusión de fake news, manipulación mediática, lawfare, presión política y uso de estructuras religiosas para influir en la opinión pública.
En varios fragmentos atribuidos a Hernández se habla de “extirpar el cáncer de la izquierda” en Latinoamérica mediante ofensivas comunicacionales y operaciones políticas coordinadas.
Otro de los puntos más delicados es la supuesta utilización de iglesias evangélicas como herramienta de movilización social y construcción narrativa. De acuerdo con los audios filtrados, el plan buscaba alinear congregaciones religiosas para responsabilizar a gobiernos progresistas de las crisis políticas y económicas en la región.
La investigación también relaciona esta estrategia con el acercamiento político que Milei ha tenido con sectores evangélicos en Argentina durante los últimos años.
Violencia, control social y presencia militar
Los documentos filtrados incluyen además referencias a métodos de control social basados en la violencia y el fortalecimiento de estructuras de seguridad.
En uno de los audios más controvertidos, Hernández presuntamente afirma que “para tener a la gente controlada” se necesita “oprimirla” y “contrarrestar la violencia generando violencia”, palabras que han provocado fuertes críticas internacionales.
La investigación también menciona la supuesta intención de ampliar bases militares estadounidenses en Honduras, impulsar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) y desarrollar proyectos vinculados a inteligencia artificial con participación de Estados Unidos e Israel.
Asimismo, se menciona la posible construcción de un centro penitenciario tipo CECOT, inspirado en el modelo implementado en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele.
Israel y el presunto lobby internacional
Otro de los elementos que elevó la tensión política es la mención de presunto financiamiento proveniente de sectores vinculados a Israel.
En uno de los audios atribuidos a Hernández se asegura que el dinero para su indulto “salió de una junta de rabinos” y de personas cercanas al gobierno israelí. También se menciona apoyo político del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Las grabaciones sugieren que el retorno político de Hernández en Honduras estaría ligado a acuerdos estratégicos que incluirían cooperación militar, control territorial y respaldo geopolítico en América Latina.
Reacciones y dudas sobre la autenticidad
Hasta el momento, ni el gobierno de Argentina ni la Casa Rosada han emitido una respuesta oficial detallada sobre los audios filtrados. Tampoco existe una confirmación judicial independiente que valide plenamente el contenido de las grabaciones.
Sin embargo, los medios que divulgaron la investigación aseguran haber realizado análisis forenses mediante el software Phonexia Voice Inspector, concluyendo que los audios “no fueron fabricados ni manipulados”.
El escándalo ya provocó reacciones políticas en distintos países de la región y podría escalar a nivel diplomático si se abren investigaciones formales sobre presuntas operaciones de injerencia internacional.
Mientras tanto, “Hondurasgate” se perfila como uno de los episodios políticos más explosivos del año en América Latina, en un contexto marcado por polarización ideológica, tensiones geopolíticas y creciente disputa por la influencia regional.
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