La tensión crece en Estados Unidos tras las protestas registradas en el centro de detención para inmigrantes Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, donde cientos de personas privadas de la libertad exigen mejores condiciones y su liberación.

De acuerdo con denuncias de familiares, activistas y legisladores, alrededor de 300 detenidos comenzaron una huelga de hambre y un paro de labores desde el pasado viernes para protestar por comida en mal estado, falta de medicamentos, atención médica deficiente y presuntas violaciones al debido proceso.

El centro es operado por la empresa penitenciaria privada GEO Group y forma parte de la estrategia migratoria reforzada durante el segundo mandato de Donald Trump, marcada por un endurecimiento de las políticas contra migrantes y el aumento de detenciones.

Las protestas se intensificaron luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran trasladar a Martín Soto, señalado como uno de los líderes de la huelga. Manifestantes bloquearon la camioneta donde era transportado, lo que provocó una respuesta con gases lacrimógenos y empujones por parte de agentes enmascarados.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión afuera del centro, donde familiares y activistas se enfrentaron verbalmente con autoridades mientras exigían información sobre los detenidos y denunciaban represalias contra quienes participan en la protesta.

Legisladores demócratas de Nueva Jersey, entre ellos el senador Andy Kim y el congresista Rob Menendez, lograron ingresar parcialmente al complejo y denunciaron haber encontrado baños sucios, hacinamiento, atención médica insuficiente y amenazas de deportación hacia países afectados por enfermedades como el ébola.

La situación también volvió a encender el debate sobre las cárceles privadas para migrantes en Estados Unidos, especialmente después de que organizaciones civiles denunciaran explotación laboral dentro del llamado “Programa de Trabajo Voluntario”, mediante el cual detenidos reciben menos de un dólar por jornadas completas de trabajo.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, acudió al lugar junto a legisladores y activistas, aunque aseguró que se le negó el acceso total al centro. Mientras tanto, familiares y colectivos migrantes continúan manifestándose y exigiendo el cierre de Delaney Hall.

El caso ha provocado indignación entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, que advierten sobre un incremento en la militarización de la política migratoria estadounidense y las condiciones en las que permanecen miles de migrantes detenidos en el país.