El proyecto del Tren Maya vuelve al centro de la polémica tras la difusión de materiales audiovisuales inéditos que documentarían el uso de dinamita y maquinaria pesada en zonas intervenidas.

De acuerdo con información publicada por El Universal, los registros fueron presentados por arqueólogos, quienes señalaron que estas prácticas habrían dejado afectaciones visibles en áreas cercanas a vestigios culturales.

Los especialistas también cuestionaron versiones oficiales sobre el manejo del patrimonio, al considerar que las evidencias contradicen la narrativa institucional respecto a la preservación de los sitios.

El tema no es nuevo. Desde distintos frentes, el proyecto ferroviario —que conecta el sureste mexicano con fines turísticos y económicos— ha sido señalado por posibles impactos ambientales y sociales.

En ese contexto, una columna publicada en El Economista sostiene que la obra ha implicado costos elevados, así como la expansión de infraestructura paralela que incluiría instalaciones de uso militar y turístico.

El texto, firmado por Gabriel Quadri de la Torre, también critica la supuesta falta de rendición de cuentas y advierte sobre consecuencias ambientales que califica como significativas, además de señalar procesos legales que, según el autor, no habrían sido plenamente atendidos.

A estas posturas se suman informes y reportes independientes que han documentado preocupaciones por deforestación, fragmentación del territorio y afectaciones a ecosistemas sensibles durante la construcción del proyecto.

Pese a ello, autoridades han defendido el Tren Maya como una obra estratégica para el desarrollo regional, argumentando beneficios en turismo, movilidad e infraestructura en el sureste del país.

El debate, sin embargo, permanece abierto: mientras nuevas evidencias salen a la luz, crecen también las preguntas sobre el costo ambiental, la transparencia y el modelo de desarrollo que representa uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos años.