El hallazgo comenzó en 2021, cuando Margarita López, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, realizaba labores de búsqueda en Zacapu. Mientras excavaba en busca de restos humanos, observó humo que salía de un cerro y decidió dirigirse hacia el lugar.

De acuerdo con el relato publicado por el periodista Óscar Balderas en su columna Código Negro, en el predio las buscadoras encontraron un área que habría sido utilizada como crematorio artesanal, además de cámaras de vigilancia y pacas de mariguana. El sitio fue ubicado en un rancho que, según la información recibida por las activistas, estaría relacionado con un narcotraficante de Sinaloa.

Las madres buscadoras apagaron las brasas que encontraron en el lugar y regresaron posteriormente con mascarillas, botas y equipo para realizar labores de cribado. Entre la tierra comenzaron a recuperar diferentes fragmentos óseos, como vértebras, falanges, rótulas y tarsos.

Fue entonces cuando Margarita López encontró un pequeño colmillo. El resto fue examinado por un perito identificado como Braulio N., a quien la columna señala como trabajador de la Fiscalía General de la República, quien determinó que se trataba de un diente de leche.

El descubrimiento modificó la búsqueda. Las madres comenzaron a utilizar cribas más pequeñas para localizar fragmentos de menor tamaño y, según el colectivo, desde aquel primer hallazgo hasta la jornada realizada el 22 de septiembre de 2026 han recuperado aproximadamente mil 600 dientes de leche.

Para las buscadoras, estos restos podrían corresponder a cientos de niños de entre uno y seis años cuyos cuerpos habrían sido incinerados en el sitio. Sin embargo, la cifra de posibles víctimas y la identidad de los restos requieren análisis forenses que permitan establecer científicamente su origen.

Margarita López también ha planteado posibles líneas de investigación relacionadas con delitos cometidos contra menores, entre ellas explotación sexual, tráfico de órganos y pornografía infantil. Estas hipótesis, no obstante, no han sido acreditadas públicamente y deberán ser investigadas y, en su caso, confirmadas o descartadas por las autoridades.

El caso se suma a otros hallazgos reportados por colectivos de búsqueda en Michoacán, un estado que durante años ha enfrentado una grave crisis de desapariciones y violencia vinculada con grupos del crimen organizado.

La dimensión del hallazgo también vuelve a colocar sobre la mesa el papel que desempeñan las familias de personas desaparecidas en la localización de fosas y restos humanos. En muchos casos, son los propios colectivos quienes realizan recorridos, excavaciones y labores de búsqueda para intentar encontrar a sus seres queridos.

Hasta el momento, la información disponible sobre los mil 600 dientes proviene principalmente del colectivo y del trabajo periodístico que documentó su hallazgo. No se ha difundido una confirmación oficial independiente que establezca que todos los restos corresponden a menores, ni un análisis forense público que determine cuántas víctimas podrían estar relacionadas con el sitio.

El caso de Zacapu plantea preguntas que van más allá de la cantidad de restos recuperados: quiénes fueron las posibles víctimas, qué ocurrió en ese predio y quiénes serían responsables. Las respuestas dependerán de investigaciones ministeriales y periciales capaces de convertir los hallazgos de las madres buscadoras en evidencia científica y judicial.