La decisión judicial que permitió la liberación de Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega reavivó la polémica sobre las presuntas irregularidades en los verificentros del Estado de México. Ambos fueron detenidos en agosto, señalados por la Fiscalía estatal de participar en un esquema de cobros ilegales a propietarios de establecimientos de verificación vehicular.

La resolución se tomó el 13 de octubre, después de una audiencia de más de ocho horas en el distrito judicial de Chalco. La jueza Sandra Isabel Cortés determinó que el Ministerio Público no había acreditado suficientemente el delito de extorsión agravada, por lo que reclasificó los hechos como abuso de autoridad.

Una condena que les permitió salir de prisión

Piña Horta, quien se desempeñaba como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, y Solares Vega, exdirector de Control de Emisiones a la Atmósfera, aceptaron su responsabilidad por abuso de autoridad y accedieron a un procedimiento abreviado.

La jueza les impuso una pena de un año y cuatro meses de prisión, sustituible por sanciones económicas. De acuerdo con la información publicada sobre la sentencia, Piña Horta pagó 5 mil 396.26 pesos, mientras que Solares Vega cubrió 4 mil 772.04 pesos. Ambos recuperaron su libertad tras cumplir con las condiciones establecidas.

La resolución también ordenó su destitución de los cargos que ocupaban y su inhabilitación durante diez años para desempeñar empleos públicos. Además, deberán presentarse mensualmente ante el Centro de Medidas Cautelares y tienen prohibido acercarse a las personas afectadas.

Los señalamientos: cobros de hasta 500 mil pesos por línea

La investigación comenzó después de que propietarios de verificentros denunciaran presuntas exigencias económicas para mantener sus establecimientos en operación. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el esquema habría comenzado a finales de 2023 e incluido pagos periódicos, cuotas extraordinarias y cobros relacionados con la revalidación de permisos.

Los denunciantes señalaron que quienes se negaban a entregar dinero podían enfrentar restricciones en sus operaciones, como bloqueos de los sistemas y limitaciones para obtener hologramas de verificación vehicular.

Entre los señalamientos figuró una presunta exigencia de 500 mil pesos por cada línea de verificación, atribuida a Piña Horta mediante un mensaje enviado en marzo de 2026. La Fiscalía calculó que, considerando las 878 líneas registradas en la entidad, las cantidades reclamadas podrían alcanzar aproximadamente 439 millones de pesos. Estas cifras corresponden a la investigación y no a una condena por extorsión.

El vínculo con Jorge Emilio González Martínez

El caso también llamó la atención por la trayectoria política de Piña Horta, quien, de acuerdo con La Jornada, fue secretario particular del exsenador Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde” y figura histórica del Partido Verde Ecologista de México.

La relación política no constituye por sí misma evidencia de participación de González Martínez en los hechos investigados. La responsabilidad reconocida judicialmente por los dos exfuncionarios corresponde al delito de abuso de autoridad, después de que la jueza descartara mantener la imputación por extorsión agravada.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación

La liberación no significa que todas las posibles responsabilidades relacionadas con el caso hayan quedado esclarecidas. Según la Fiscalía estatal, las investigaciones pueden continuar para determinar si otras personas participaron en el presunto esquema de cobros ilegales.

La reclasificación del delito modificó las consecuencias penales para los dos exfuncionarios, pero no elimina la responsabilidad por abuso de autoridad que ambos admitieron ni las sanciones impuestas en la sentencia.

El caso deja una pregunta sobre los mecanismos de supervisión de los verificentros y la rendición de cuentas de los servidores públicos: ¿cómo se garantizará que los establecimientos puedan operar sin presiones indebidas y que las denuncias de posibles abusos se investiguen con pruebas suficientes?