El Gobierno de México elevó su postura frente a Estados Unidos al denunciar la muerte de migrantes mexicanos mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una situación que calificó como inaceptable.

De acuerdo con autoridades mexicanas, al menos 13 connacionales han perdido la vida entre 2025 y 2026 durante operativos o en centros de detención migratoria, lo que ha derivado en el envío de notas diplomáticas para exigir una investigación exhaustiva.

Funcionarios señalaron que los casos presentan distintas causas, desde complicaciones médicas hasta posibles suicidios e incidentes durante operativos, lo que ha encendido alertas sobre las condiciones en las que permanecen las personas detenidas.

Ante este panorama, el gobierno mexicano ha reforzado la asistencia consular y el acompañamiento legal a familiares de las víctimas, además de insistir en la necesidad de esclarecer cada caso y garantizar que no se repitan estos hechos.

La presión también ha escalado a nivel político. Desde la presidencia se ha reiterado que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero es una prioridad, mientras se mantienen gestiones diplomáticas para obtener respuestas claras por parte de las autoridades estadounidenses.

El tema no es aislado. En los últimos meses, distintos casos han puesto en el centro del debate las condiciones dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos, así como el uso de la fuerza y la falta de transparencia en algunos incidentes.

En este contexto, la exigencia de México no solo busca esclarecer responsabilidades, sino también abrir una discusión más amplia sobre el trato a los migrantes en uno de los sistemas más cuestionados de la política migratoria estadounidense.