Un nuevo hallazgo realizado por colectivos de búsqueda volvió a poner en evidencia la crisis de desapariciones en México. Integrantes de Madres Buscadoras de Jalisco localizaron un presunto crematorio clandestino de gran magnitud, donde encontraron restos humanos calcinados.

La activista y defensora de derechos humanos Ceci Flores dio a conocer que el sitio fue ubicado por las propias familias, quienes ahora solicitan apoyo urgente para recuperar los restos y avanzar en su posible identificación.

Según explicó, el colectivo presentó una solicitud formal de acompañamiento ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Sin embargo, aseguran que la institución rechazó brindar el respaldo necesario para las labores en campo.

“Una vez más, son las familias quienes hacen el trabajo que le corresponde al Estado”, expresó Flores, al señalar que las madres buscadoras enfrentan esta tarea sin vehículos, recursos económicos ni apoyo gubernamental.

La Comisión de Búsqueda respondió que, debido a su agenda operativa, no podía atender la petición en las fechas solicitadas. Como alternativa, ofreció realizar una mesa de trabajo, pero sin garantizar el acompañamiento durante la recuperación de los restos.

El colectivo cuestionó esta decisión y afirmó que ellas ya localizaron el sitio, por lo que únicamente requieren transporte, herramientas y personal que garantice condiciones seguras para continuar con la búsqueda.

Las madres buscadoras también hicieron un llamado público al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervengan y se garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las familias de personas desaparecidas.

Además, plantearon interrogantes sobre quién asumirá la responsabilidad de rescatar los restos humanos encontrados y permitir que sean sometidos a procesos forenses que faciliten su identificación.

Las integrantes del colectivo reiteraron que buscar a sus familiares no debería convertirse en una carga exclusiva para las víctimas. Insistieron en que el acompañamiento institucional es un derecho y una obligación legal de las autoridades en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta el país.