Una nueva investigación sobre el llamado huachicol fiscal expone la magnitud de una presunta operación de contrabando de combustibles que habría operado entre junio y julio de 2025 a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte del periodista Abel Barajas, publicado por Reforma, la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos detectó que la organización ingresó ilegalmente diésel, gasolina y nafta ligera utilizando documentación falsa para evadir impuestos y controles aduaneros.

La indagatoria señala que, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, cruzaron la frontera aproximadamente 144 millones de litros de combustible, un promedio de 2.7 millones de litros diarios, volumen equivalente al tránsito de 61 pipas de doble remolque cada día.

Según el expediente, la red presentó 291 pedimentos de importación fraudulentos, con los que logró introducir mil 366 ferrotanques cargados con hidrocarburos. En la documentación, los cargamentos eran declarados como "solución de cloruro de calcio" para evitar revisiones y obligaciones fiscales.

La FGR identificó como destinatarias finales a las empresas Ferroservicios y Jumandi Group. Esta última fue relacionada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Asimismo, la agencia Servicios Aduanales JR habría participado en la gestión documental de las importaciones.

Una vez en territorio nacional, los combustibles eran transportados por ferrocarril hacia los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, donde presuntamente continuaba la distribución ilegal.

La investigación comenzó a fortalecerse el 21 de julio de 2025, tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ese mismo día se ejecutó un cateo en una agencia aduanal, donde fueron asegurados 17 ferrotanques, de los cuales 15 transportaban más de 1.6 millones de litros de diésel y dos más contenían nafta ligera.

Como resultado de las indagatorias, un juez federal emitió 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios presuntamente involucrados. Hasta el momento han sido detenidas siete personas, entre ellas el propietario de la agencia aduanal utilizada en la operación, verificadores y directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como socios de Jumandi Group.

El reporte añade que seis presuntos responsables permanecen prófugos, incluidos dos tenientes coroneles que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros durante el periodo en que habría operado la red.

De forma paralela, la FGR promovió una demanda de extinción de dominio sobre el buque tanque Blue Commander, asegurado en 2020 por un presunto caso de tráfico ilícito de combustible. La embarcación, valuada en aproximadamente 15 millones de dólares, permanece bajo resguardo en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y podría ser destinada al Estado en caso de prosperar el procedimiento judicial.