El gobierno de Samuel García enfrenta cuestionamientos simultáneos en dos frentes: el crecimiento de su estructura administrativa y posibles impactos ambientales derivados de obras públicas en Monterrey.

Por un lado, reportes señalan que durante su administración se ha incrementado en 66% el número de funcionarios de alto nivel, pasando de 12 a 20 cargos con rango de Secretaría, con sueldos cercanos a los 130 mil pesos mensuales.

Este aumento responde, en parte, a la creación de nuevas dependencias y a la reconfiguración del gabinete, donde algunos funcionarios han sido reubicados en nuevos cargos sin perder nivel salarial, según información pública y revisiones administrativas.

Casos como el de Félix Arratia, designado coordinador de un gabinete cuya figura no está claramente establecida en la ley orgánica estatal, han generado debate sobre la estructura y legalidad de estos nombramientos.

En paralelo, el colectivo Un Río en el Río documenta posibles afectaciones al Río Santa Catarina derivadas de la construcción de la Línea 4 y obras complementarias.

De acuerdo con sus recorridos técnicos, se han detectado depósitos de escombro, cemento y arena directamente en el cauce, además de obstrucciones pluviales y reducción de la sección hidráulica en distintos puntos.

El colectivo prepara un informe que será entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tras señalar posibles irregularidades como falta de autorizaciones y modificaciones fuera de las áreas permitidas.

Entre los hallazgos también se menciona la alteración de más de 28 mil metros cuadrados del entorno natural, lo que podría implicar riesgos ambientales y urbanos si no se corrige a tiempo.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura detallada sobre estos señalamientos, mientras continúan tanto las obras como el crecimiento de la estructura gubernamental.

Así, entre expansión administrativa y obras de infraestructura, el gobierno estatal enfrenta un escenario donde la eficiencia, la legalidad y el impacto ambiental quedan bajo escrutinio público.