CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha señaló a la llamada “Cuarta Transformación” por impulsar una aplicación desigual de la ley desde la Secretaría de las Mujeres, al considerar que los pronunciamientos públicos de su titular, Citlalli Hernández, pretenden invalidar procedimientos judiciales cuando las personas imputadas son mujeres y excluir a los hombres como posibles víctimas del delito de violencia vicaria.

La postura fue difundida por esta organización de orientación político-religiosa a través de un comunicado fechado el 2 de febrero, en el que aseguró que la Secretaría ha ejercido presión política en un proceso penal en curso, lo que —afirmó— vulnera la división de poderes y el Estado de derecho, al emitir juicios públicos sobre la legalidad o injusticia de una vinculación a proceso ya determinada por una autoridad judicial.

La crítica del Consejo se dio a conocer menos de tres días después de que Hernández calificó como “injusta” la vinculación a proceso de Stella “N” en Coahuila por el delito de violencia vicaria, derivada de una denuncia presentada por su exesposo.

En ese posicionamiento, la funcionaria de Morena sostuvo que la imputación se basaba en una “definición errónea” del tipo penal y aseguró que esta forma de violencia “sólo se ejerce contra las mujeres”.

Asimismo, explicó que procesar penalmente a una mujer por violencia vicaria constituye una contradicción jurídica, al argumentar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que este delito se configura cuando se busca dañar o perjudicar a las mujeres mediante un tercero. En ese sentido, subrayó que dicha legislación obliga a las autoridades a armonizar sus normas conforme a ese principio, el cual —dijo— reconoce la desigualdad histórica.

Para el Consejo Nacional de Nueva Derecha, estos posicionamientos representan “una discriminación jurídica abierta”, al negar que los hombres puedan ser considerados víctimas de violencia vicaria.

La organización sostuvo que restar importancia a los casos en los que hombres resultan afectados, bajo el argumento de que son minoritarios, equivale a privarlos de una protección real, pues “una víctima no vale menos por ser minoría”.

Añadió que este enfoque desconoce el principio de igualdad ante la ley y transmite la idea de que “la igualdad ante la ley es aplicable según el sexo al que se pertenece”.

Además, advirtió que las declaraciones públicas de la secretaria constituyen una intromisión en asuntos judiciales, al señalar que “la presión política de la Secretaría de Mujeres en procesos estrictamente judiciales vulnera la división de poderes y el Estado de derecho”.

En el mismo comunicado, exigió que Citlalli Hernández “detenga de inmediato toda gestión, presión o pronunciamiento orientado a torcer el curso del proceso jurídico ya abierto” y que se abstenga de intervenir “directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.

En caso de que se comprueben actos de presión o intervención indebida por parte de la funcionaria, solicitó que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

La controversia ocurre en el contexto de las funciones de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres a partir del 1 de enero de 2025 y cuya misión es formular y ejecutar políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva y a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.