En medio de la creciente violencia que afecta a comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) lanzó una acusación directa sobre el origen del conflicto que ha provocado desplazamientos forzados y ataques armados en la zona.

De acuerdo con un pronunciamiento difundido por la organización, las agresiones contra pobladores de Chilapa de Álvarez estarían relacionadas con el interés de empresas mineras en los recursos naturales existentes en la región, donde afirman que operan diversas concesiones de exploración y explotación.

La OCSS sostuvo que la narrativa oficial ha centrado la atención en la confrontación entre grupos delictivos, dejando de lado lo que consideran una disputa más amplia por el control territorial y los recursos minerales ubicados en comunidades indígenas.

La organización también rechazó declaraciones emitidas anteriormente por autoridades federales de seguridad, quienes señalaron que distintos grupos comunitarios y organizaciones presentes en la región mantienen vínculos con estructuras de la delincuencia organizada.

Según la OCSS, estas acusaciones buscan desacreditar los movimientos de resistencia comunitaria y justificar acciones en contra de organizaciones que defienden el territorio, la autonomía indígena y los recursos naturales.

En el documento, la agrupación recordó que desde 2015 ha documentado decenas de homicidios y desapariciones de integrantes de comunidades vinculadas al Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), además de constantes episodios de violencia en la zona.

La organización denunció además que los ataques recientes han incorporado nuevas formas de agresión, incluyendo el uso de drones con explosivos y armamento de mayor capacidad, lo que ha incrementado el nivel de riesgo para las comunidades.

Asimismo, exigió a las autoridades federales reforzar las medidas de protección para dirigentes comunitarios y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes de la región.

Las acusaciones ocurren en un contexto marcado por el desplazamiento de familias indígenas y por el debate sobre las causas que alimentan la violencia en distintas zonas de Guerrero, donde organizaciones sociales, autoridades y grupos comunitarios mantienen versiones encontradas sobre el origen del conflicto.