El encarecimiento del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente ha colocado a México en una posición ambigua: mientras el país podría recibir ingresos extraordinarios, también enfrenta riesgos económicos que podrían neutralizar ese beneficio.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si el precio de la mezcla mexicana se mantiene en niveles cercanos a los 90 dólares por barril durante 2026, las finanzas públicas podrían obtener hasta 406 mil millones de pesos adicionales. Actualmente, el crudo nacional ya se ubica por encima de lo previsto en el Paquete Económico, impulsado por la tensión geopolítica.

Sin embargo, este “bono petrolero” no está garantizado. Especialistas advierten que si el gobierno reactiva los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener el precio de las gasolinas, gran parte de esos ingresos podría diluirse, como ocurrió en 2022, cuando el apoyo fiscal prácticamente anuló los beneficios del alza petrolera.

El conflicto, marcado por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial—, ha llevado los precios internacionales a niveles no vistos en años, con incrementos cercanos al 50% desde el inicio de las hostilidades. Este escenario ha encendido alertas globales sobre una posible crisis energética.

En México, el impacto ya comienza a sentirse. Aunque el país exporta petróleo, depende de la importación de combustibles refinados, lo que obliga a aplicar medidas para evitar un alza directa en los precios al consumidor. Entre ellas, el gobierno ha optado por subsidios a las gasolinas, apoyo fiscal al diésel y acuerdos para fijar precios máximos, buscando contener el golpe en el bolsillo de los ciudadanos.

A nivel internacional, la respuesta ha sido más drástica. Países en Asia han declarado emergencias energéticas, reducido jornadas laborales e incluso limitado el consumo de combustible. En Europa, gobiernos han recortado impuestos a la energía o liberado reservas estratégicas, mientras Estados Unidos ha flexibilizado sanciones y aumentado la producción.

El problema de fondo es que el alza del petróleo no solo impacta los ingresos públicos, sino que también presiona la inflación. Analistas señalan que un incremento sostenido en los energéticos podría trasladarse rápidamente a los precios de transporte, alimentos y servicios, elevando la inflación anual en México por encima del 4.5%.

Además, el tipo de cambio podría verse afectado. En escenarios de incertidumbre global, inversionistas suelen retirar capital de economías emergentes, lo que presiona al peso frente al dólar. Esto, sumado a mayores costos energéticos, complica el margen de maniobra del Banco de México para reducir tasas de interés.

El panorama, por tanto, es incierto. Mientras algunos especialistas ven una oportunidad fiscal temporal, otros advierten que el verdadero riesgo está en un conflicto prolongado que dispare aún más los precios, incluso hacia los 150 dólares por barril.

México, en medio de esta tormenta energética, enfrenta una disyuntiva clara: aprovechar el ingreso extraordinario o destinarlo a contener una crisis interna que podría golpear directamente a consumidores y empresas.