Operativo contra patinadores desata controversia

La noche del sábado 24 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro interceptaron a un grupo de patinadores en el cruce de las avenidas Vasconcelos y Bosques del Valle. El operativo terminó con 24 personas detenidas: 17 hombres y siete mujeres, todos mayores de edad.

Los participantes formaban parte de “Invasión Roller 2026”, una rodada recreativa de disfraces que comenzó en la Macroplaza de Monterrey. Un grupo modificó su recorrido hacia San Pedro, donde las autoridades intervinieron por presuntas afectaciones viales y alteraciones al orden público.

De acuerdo con la versión municipal, la medida se sustentó en el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, que exige notificar por escrito, con al menos 10 días hábiles de anticipación, las concentraciones recreativas o deportivas que utilicen la infraestructura vial y afecten el tránsito.

Los jóvenes fueron remitidos ante un juez cívico y recuperaron su libertad después de pagar las multas correspondientes, según los reportes locales.

Municipio defiende el operativo; colectivos cuestionan su magnitud

La Secretaría de Seguridad Pública justificó la intervención al señalar que una rodada similar, realizada el viernes 23 de octubre, había ocasionado afectaciones temporales en el tránsito del túnel de la Loma Larga. Según la autoridad, en esa ocasión los participantes se retiraron tras recibir indicaciones, mientras que el operativo del sábado respondió a la decisión de aplicar las disposiciones municipales.

Sin embargo, el despliegue de aproximadamente 40 unidades para detener a 24 personas provocó críticas de organizaciones defensoras de la movilidad sustentable. El colectivo Pueblo Bicicletero y otras agrupaciones calificaron la actuación como desproporcionada y denunciaron una posible criminalización de quienes utilizan medios de transporte no motorizados.

Los activistas sostienen que el reglamento presenta ambigüedades, particularmente porque no define con claridad cuántas personas deben reunirse para que una actividad sea considerada una “concentración masiva”. También cuestionaron la difusión de fotografías de los detenidos desde cuentas oficiales de las autoridades.

Exigen anular multas y reformar el Reglamento de Movilidad

En un posicionamiento conjunto, 12 organizaciones civiles presentaron una serie de exigencias al Ayuntamiento de San Pedro. Entre ellas se encuentran dejar sin efecto las sanciones económicas impuestas a los patinadores, retirar las imágenes difundidas por la policía y ofrecer una disculpa pública a los afectados.

También solicitaron revisar y reformar el artículo 114 para establecer criterios claros sobre las concentraciones recreativas y evitar que los trámites se conviertan en una barrera para utilizar el espacio público. Además, pidieron abrir una investigación interna para determinar quiénes ordenaron el despliegue policial y evaluar si la actuación se ajustó a los protocolos correspondientes.

Los colectivos argumentan que el derecho a la movilidad y al libre tránsito debe considerarse al regular las rodadas, sin dejar de lado la seguridad vial ni la protección de peatones y automovilistas.

Señalan antecedente con ciclistas en el Parque Rufino Tamayo

Las organizaciones también sostienen que lo ocurrido con los patinadores no sería un episodio aislado. Como antecedente, mencionaron un operativo del 23 de septiembre de 2026, cuando policías de San Pedro interceptaron a un grupo de aproximadamente 50 ciclistas cerca del Parque Rufino Tamayo.

Según los activistas, durante ese encuentro los oficiales solicitaron permisos y pólizas de seguro para circular, requisitos cuya aplicación cuestionaron. Este antecedente, afirman, refuerza sus preocupaciones sobre el trato que reciben las personas que utilizan bicicletas, patines y otros medios de movilidad no motorizada en el municipio.

Una disputa sobre el uso del espacio público

La polémica también alcanzó a Martha Herrera, exsecretaria estatal de Igualdad e Inclusión, quien asistió como invitada a la rodada. Después del operativo, integrantes de la comunidad de patinadores le solicitaron intervenir en favor de los jóvenes sancionados.

El caso abrió una discusión sobre los límites de la regulación municipal: mientras el Ayuntamiento sostiene que los avisos anticipados permiten organizar la circulación y reducir riesgos, las organizaciones civiles consideran que la aplicación de la norma debe ser proporcional y respetar el derecho a utilizar el espacio público.

Hasta el momento, las exigencias de los colectivos incluyen la revisión de las sanciones, la difusión de imágenes de los detenidos y la actuación de los mandos policiales. La controversia mantiene bajo cuestionamiento tanto la magnitud del operativo como los criterios utilizados para regular las rodadas recreativas en San Pedro Garza García.