La información, retomada de investigaciones y análisis publicados por Código Magenta, revela cómo autoridades federales han identificado operaciones financieras y logísticas relacionadas con la importación ilegal de combustibles en zonas exclusivas de Nuevo León.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), durante mayo se realizaron cateos en residencias ubicadas en sectores de alto nivel de San Pedro, particularmente en la colonia Valle de San Ángel.

Las autoridades investigan una red presuntamente vinculada al empresario Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, señalado por presuntas operaciones de trasiego de hidrocarburos mediante empresas fachada y embarcaciones que declaraban gasolina y diésel como productos químicos o aditivos industriales.

Durante los operativos también fue detenido José Antonio “N”, alias “Titán”, identificado por autoridades como presunto líder de una célula del Cártel del Noreste relacionada con contrabando de combustible y lavado de dinero.

En los inmuebles asegurados se decomisaron armas, vehículos de lujo, dinero en efectivo, equipo de cómputo y animales exóticos, incluidos siete tigres.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El llamado huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país simulando que se trata de otros productos para evitar el pago de impuestos en aduanas mexicanas.

Por ejemplo, un cargamento de diésel puede ser declarado como lubricante o aditivo químico, lo que permite evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes federales.

Especialistas estiman que cada pipa de combustible ingresada ilegalmente podría representar ganancias ilícitas de cientos de miles de pesos, mientras que un solo buque con millones de litros de diésel podría generar evasiones fiscales superiores a 70 millones de pesos.

Diversas estimaciones señalan que el impacto económico anual para el erario mexicano rondaría los 200 mil millones de pesos.

Investigaciones y red de funcionarios

El tema cobró fuerza nacional tras diversos aseguramientos realizados en puertos del Golfo de México y publicaciones periodísticas que documentaron presuntas redes de corrupción relacionadas con aduanas, empresas importadoras y operadores marítimos.

Entre los casos más relevantes figura el decomiso realizado en Tampico en 2025, donde autoridades aseguraron millones de litros de diésel que habrían ingresado bajo documentación alterada.

Las investigaciones también han derivado en procesos judiciales contra empresarios, funcionarios aduanales y mandos vinculados a operaciones portuarias.

La FGR mantiene abiertas varias causas penales relacionadas con estas redes de contrabando, mientras continúan las indagatorias sobre posibles vínculos financieros y logísticos en distintos estados del país.

Aunque el fenómeno del huachicol fiscal había sido denunciado desde años anteriores por medios y organizaciones civiles, el tema volvió al centro de la conversación pública tras los recientes decomisos y cateos federales.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades no han descartado nuevas detenciones conforme avancen las investigaciones sobre una de las mayores redes de contrabando de combustibles detectadas en México en los últimos años.