GUERRERO.– Una jueza dictó una sentencia de 25 años de prisión contra el responsable de la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos de la región de la Montaña de Guerrero, Arnulfo Cerón Soriano, ocurrido en 2019.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña (FPM) señalaron que el crimen se inscribió en un entramado delictivo que se consolidó en la región con la participación y tolerancia de actores gubernamentales.

Las organizaciones recordaron que, desde hace al menos una década, más de 40 personas —en su mayoría jóvenes— permanecen desaparecidas en el municipio de Tlapa, mientras que decenas más han sido asesinadas en un contexto de violencia persistente.

Mediante un comunicado, Tlachinollan y el FPM informaron que el pasado 14 de enero la jueza Mariela Soraya Alfaro Zapata, del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, emitió el fallo condenatorio contra Jorge Rodríguez Gómez, conocido como La Chiva, por su responsabilidad en la desaparición del activista. Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño.

De acuerdo con las organizaciones, durante el proceso judicial se acreditó que el crimen ocurrió dentro de una estructura criminal arraigada en la región, encabezada por Rodríguez Gómez, identificado como líder de un grupo delictivo y uno de los principales generadores de violencia en Tlapa.

La representación legal presentó más de 60 pruebas, entre ellas los testimonios de 34 personas —incluidos 14 peritos en áreas como informática, antropología forense y medicina—, así como documentos y evidencia material que demostraron la participación de Jorge Rodríguez, junto con Isaúl, Adán, Andrés y otros individuos, en la desaparición de Arnulfo Cerón.

Las ONG destacaron que el testimonio de una mujer fue determinante para esclarecer los hechos, debido a su contacto directo con el líder del grupo criminal y su señalamiento sobre la planificación del secuestro y asesinato del defensor indígena.

Según la reconstrucción del caso, la desaparición fue planeada el 10 de octubre de 2019. Por instrucciones de Rodríguez, un grupo de siete hombres armados irrumpió en el domicilio de la testigo, la privó de la libertad y, bajo amenazas, la obligó a entregar a Arnulfo Cerón. Ante el temor de ser asesinada, la mujer accedió a citar al activista en un punto específico y posteriormente envió su ubicación vía WhatsApp al jefe del grupo delictivo.

Minutos después, hombres armados ingresaron al lugar donde se encontraba Arnulfo, lo trasladaron a una casa de seguridad en la colonia Buena Vista de Tlapa y ahí lo asesinaron.

Tras su desaparición, cientos de integrantes del Frente Popular de la Montaña bloquearon la carretera Tlapa–Chilpancingo y organizaron brigadas de búsqueda. Únicamente fue localizada la camioneta del defensor, con las llaves puestas, sin que se tuviera información sobre su paradero.

Durante la investigación, peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero hallaron mensajes enviados por Jorge Rodríguez en los que afirmaba que, aunque “voltearan” a Tlapa, no encontrarían a Arnulfo. También se recabaron testimonios de personas que presenciaron el momento en que hombres armados se llevaron al defensor, así como imágenes de una cámara de videovigilancia cercana al sitio de los hechos.

El 20 de noviembre de 2019, el cuerpo de Arnulfo Cerón fue localizado en una fosa a tres metros y medio de profundidad. Presentaba huellas de tortura, y fue necesario el uso de una retroexcavadora para que sus familiares pudieran recuperarlo.

De acuerdo con las organizaciones civiles, el objetivo del crimen era borrar al defensor del mapa y sembrar terror entre la población. Sin embargo, lejos de silenciar a la organización que encabezaba Arnulfo, el asesinato detonó una intensificación de las protestas y la exigencia pública de justicia.

Incluso la oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el caso y sostuvo reuniones con el entonces gobernador Héctor Astudillo, además de dar seguimiento a las labores de búsqueda e investigación realizadas por la Fiscalía estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Con la detención de la testigo se logró identificar a los sicarios que ejecutaron la desaparición y al líder que los coordinaba. La sentencia fue emitida seis años y dos meses después del hallazgo del cuerpo del defensor.

Para Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña, el fallo representa un avance importante, aunque insuficiente frente a la gravedad del crimen y a los delitos de alto impacto cometidos en Tlapa sin la intervención oportuna de las autoridades.

Las organizaciones subrayaron que el desafío pendiente para el Estado es continuar la búsqueda de las personas desaparecidas y desarticular por completo la red criminal que sigue generando violencia en la región.