SEÚL, Corea del Sur.– Un tribunal de Corea del Sur dictó este viernes una sentencia de cinco años de prisión contra el expresidente Yoon Suk Yeol, en lo que constituye el primer fallo de una serie de ocho procesos penales derivados de la crisis política ocasionada por su decreto de ley marcial y otras acusaciones en su contra.

La imputación más grave señala que la declaración de la ley marcial configuró un acto de rebelión. Por este cargo, un fiscal independiente ha solicitado la pena capital, cuya resolución quedará en manos del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que tiene previsto emitir su veredicto el próximo 19 de febrero.

Yoon ha sostenido que su decisión no buscaba instaurar un régimen militar prolongado y que el decreto pretendía únicamente alertar a la ciudadanía sobre el riesgo que, a su juicio, representaba un Parlamento controlado por la oposición liberal para el avance de su agenda política. No obstante, los investigadores interpretaron la medida como un intento de aferrarse al poder, lo que dio lugar a acusaciones por rebelión, abuso de autoridad y otros delitos.

Este primer fallo condenatorio forma parte de un conjunto de ocho juicios en curso. En el proceso resuelto este viernes, la corte halló culpable a Yoon de obstruir los intentos de arresto en su contra, falsificar el documento de proclamación de la ley marcial y evadir la convocatoria obligatoria de una sesión plenaria del Gabinete, lo que impidió que varios ministros ejercieran su derecho a deliberar sobre la medida.

Durante la lectura del fallo, transmitida por televisión, el juez Baek Dae-hyun subrayó que era necesario imponer una sanción severa debido a la falta de arrepentimiento del exmandatario, quien, según el tribunal, se limitó a reiterar justificaciones poco comprensibles. El magistrado añadió que la sentencia busca contribuir a la restauración del orden jurídico afectado por las acciones de Yoon.

La defensa del exmandatario anunció que apelará la resolución, al considerar que se trata de un fallo “politizado” que reproduce de manera unilateral los argumentos del fiscal independiente. Asimismo, sostuvo que la sentencia traza una línea simplificada entre el ejercicio de las facultades constitucionales del presidente y la responsabilidad penal.

Pese a la solicitud de pena de muerte por el cargo de rebelión, expertos legales consideran poco probable que Yoon enfrente esa condena. Park Sung-bae, abogado penalista, señaló que lo más factible es que el tribunal opte por una cadena perpetua o una pena superior a los 30 años de prisión. Recordó que Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997 y que los tribunales rara vez aplican la pena capital.

El especialista añadió que, al momento de dictar sentencia, la corte podría tomar en cuenta que el decreto no derivó en víctimas fatales ni se prolongó en el tiempo, aunque destacó que Yoon no ha mostrado un arrepentimiento genuino por su actuación.

El país cuenta además con un historial de indultos presidenciales a exjefes de Estado encarcelados, otorgados en nombre de la reconciliación nacional. Entre los beneficiados figura el exdictador Chun Doo-hwan, condenado inicialmente a muerte por su golpe de Estado de 1979, la represión de las protestas prodemocráticas de 1980 —que dejó alrededor de 200 muertos— y otros delitos.

Incluso si Yoon evita la pena capital o la cadena perpetua en el proceso por rebelión, aún enfrenta el riesgo de recibir nuevas condenas de prisión en los demás juicios abiertos en su contra. Analistas consideran que el exmandatario podría mantener una postura desafiante durante los procesos restantes para conservar el respaldo de su base política, bajo la premisa de que una sentencia extensa es inevitable, aunque con la posibilidad de un eventual indulto.

La crisis se remonta a la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon anunció de manera sorpresiva la imposición de la ley marcial en un mensaje televisado, argumentando que buscaba erradicar a supuestas “fuerzas antiestatales” y salvaguardar el orden constitucional democrático. Tras el anuncio, tropas y policías fueron desplegados en torno a la Asamblea Nacional, aunque la falta de un cerco estricto permitió que suficientes legisladores ingresaran al recinto y votaran en contra del decreto.

Si bien no se registraron episodios de violencia a gran escala, la medida desató la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas, afectando también su política exterior y los mercados financieros. Para amplios sectores de la población, el decreto —el primero en más de 40 años— evocó los recuerdos de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, cuando gobiernos respaldados por los militares recurrieron a la ley marcial para reprimir protestas con el despliegue de soldados y tanques en las calles.

Tras la destitución de Yoon, el líder liberal Lee Jae Myung asumió la Presidencia luego de elecciones anticipadas celebradas en junio. Ya en el cargo, designó a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones que involucran al exmandatario, a su esposa y a personas de su entorno cercano.

Los procesos restantes contra Yoon incluyen señalamientos por ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte con el fin de escalar deliberadamente la tensión y justificar la imposición de la ley marcial, así como por presuntamente interferir en la investigación del fallecimiento de un marine en 2023 y aceptar encuestas de opinión sin costo a cambio de favores políticos.

Yoon fue arrestado y separado de la Presidencia tras la breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que provocó multitudinarias protestas y marcó un punto de quiebre en la política surcoreana contemporánea.