Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se revelara la creación de un fondo federal por mil 800 millones de dólares, mientras simultáneamente obtuvo inmunidad frente a investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades fiscales y multiplicó las ganancias de sus negocios familiares desde la Casa Blanca.

La controversia estalló después de que el Departamento de Justicia anunciara un acuerdo derivado de una demanda presentada por la Trump Organization contra el propio gobierno de Estados Unidos, por la filtración de declaraciones fiscales del mandatario publicadas hace una década. El arreglo contempla la creación del multimillonario fondo destinado a compensar supuestas víctimas de persecución política federal.

De acuerdo con reportes, entre los posibles beneficiarios podrían encontrarse personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que provocó fuertes críticas de exfuncionarios, analistas y organizaciones civiles. El exsecretario de Trabajo, Robert Reich, acusó que Trump “se robó” recursos públicos para recompensar a sus aliados políticos.

Al mismo tiempo, investigaciones federales y organismos financieros analizan presuntas maniobras de especulación bursátil y movimientos sospechosos en mercados petroleros ligados a decisiones de la Casa Blanca. La Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías investiga operaciones realizadas tras el aplazamiento de acciones militares contra Irán, movimientos que generaron ganancias millonarias para operadores con posible acceso privilegiado a información.

Además, documentos de la Oficina de Ética Gubernamental revelaron transacciones financieras vinculadas con grandes empresas estadounidenses por montos que van de 200 a 750 millones de dólares en los primeros meses del año. Medios estadounidenses estiman que la fortuna de Trump y su familia creció miles de millones de dólares gracias al uso de su posición presidencial para beneficiar negocios privados.

El acuerdo también implicaría el cierre definitivo de investigaciones fiscales contra Trump relacionadas con posibles irregularidades contables y evasión de impuestos, lo que, según cálculos de ProPublica, le habría evitado pagar más de 100 millones de dólares al fisco estadounidense.

Las críticas crecieron luego de que organizaciones como el Brennan Center for Justice calificaran el caso como una “corrupción épica a plena vista”, mientras la American Bar Association acusó a la administración Trump de permitir operaciones financieras y donaciones políticas que benefician directamente a la familia presidencial.

Diversos líderes políticos, analistas e historiadores estadounidenses ya catalogan esta etapa como una de las más polémicas en la historia reciente de Estados Unidos, señalando que el mandatario habría utilizado el aparato gubernamental para blindarse legalmente y consolidar una red de beneficios económicos y políticos.