La disputa entre Washington y Ottawa dejó de ser únicamente una batalla comercial. En la recta final de las negociaciones, el gobierno de Donald Trump puso sobre la mesa medidas relacionadas con las políticas lingüísticas y culturales de Quebec, consideradas por Canadá como asuntos de soberanía e identidad.

Desde 2025, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos ha señalado la Ley 96 de Quebec, que refuerza el uso del francés en distintos ámbitos, como una posible barrera al comercio. Entre las demandas estadounidenses estuvo eliminar requisitos de etiquetado bilingüe en determinados productos y manuales.

La presión también alcanzó al sector audiovisual. Legisladores republicanos han cuestionado normas canadienses que obligan a plataformas digitales a contribuir a la producción de contenidos en francés, argumentando que estas disposiciones generan obstáculos para empresas estadounidenses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, decidió romper las conversaciones el 22 de agosto. Argumentó que Ottawa no estaba dispuesto a comprometer la soberanía del país ni a debilitar la protección de su idioma francés y su industria cultural.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, respaldó la decisión y calificó el idioma y la cultura como elementos centrales de la identidad de la provincia. Para su gobierno, permitir que estos temas sean utilizados como moneda de cambio comercial representa una línea que no están dispuestos a cruzar.

La respuesta de Trump fue igualmente contundente. El presidente estadounidense acusó a Canadá de querer obtener los beneficios de ser un Estado sin asumir las consecuencias de serlo, mientras la Casa Blanca mantiene la presión mediante su política arancelaria.

La ruptura derivó en nuevos aranceles estadounidenses de hasta 50% sobre determinados productos canadienses. Carney anunció que Canadá responderá con medidas equivalentes a partir del 8 de septiembre, en una confrontación que amenaza con profundizar las tensiones económicas entre ambos países.

El episodio también evidencia cómo la política arancelaria de Trump puede utilizarse como instrumento de presión más allá de las cuestiones estrictamente comerciales. En este caso, el conflicto alcanzó directamente la lengua, la cultura y las decisiones internas de una provincia canadiense.

Para Ottawa y Quebec, la defensa del francés no es una simple regulación comercial: es parte de su identidad. Para Washington, esas mismas normas representan obstáculos que deben modificarse para facilitar el acceso de empresas estadounidenses al mercado canadiense. La disputa, por ahora, permanece abierta.