La polémica comenzó después de que el comunicador Manuel Pedrero exhibiera públicamente un mensaje enviado por la Embajada de Estados Unidos en México, donde se le invitaba a participar en una iniciativa enfocada en “combatir falsas narrativas”. El influencer vinculó el acercamiento con reportes previos del diario británico The Guardian.

Según dichas publicaciones, el Departamento de Estado habría impulsado una estrategia internacional para acercarse a periodistas, creadores de contenido y figuras públicas con la finalidad de fortalecer mensajes alineados con los intereses de la administración del presidente Donald Trump.

Ante la polémica, la Embajada estadounidense negó cualquier intento de “comprar” periodistas o influencers y aseguró que mantiene una comunicación constante con distintos sectores de la sociedad mexicana, incluyendo académicos, analistas y creadores digitales de diferentes posturas ideológicas.

“La democracia implica dialogar incluso con quienes piensan distinto”, señaló un vocero de la representación diplomática, que defendió el acercamiento como parte de las actividades normales de diplomacia pública realizadas por Estados Unidos en diversos países.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum respondió que las embajadas pueden mantener contacto con medios y periodistas para compartir información oficial, pero advirtió que existe una línea que no debe cruzarse cuando se trata de influir en asuntos políticos internos de México.

“Lo que no puede hacer una embajada es intervenir o avanzar en influir en la política mexicana”, sostuvo la mandataria, quien insistió en que la relación bilateral con Estados Unidos debe mantenerse bajo los principios del derecho internacional y el respeto a la soberanía nacional.

La discusión también reavivó señalamientos históricos sobre organismos como USAID y la National Endowment for Democracy, acusados en distintos momentos por gobiernos latinoamericanos de financiar organizaciones civiles y medios críticos bajo esquemas considerados de injerencia política.

Paradójicamente, reportes surgidos a inicios de 2025 señalaron que la propia administración de Trump habría evaluado cerrar o reestructurar la USAID, al considerar que algunas de sus operaciones eran ineficientes o incluso contrarias a la agenda política impulsada desde Washington.