La controversia surgió tras la implementación del operativo denominado “Halcón Ciego”, en el que participaron elementos de la policía estatal y fuerzas militares en diversas colonias de la capital tabasqueña.

De acuerdo con las autoridades, los dispositivos retirados eran consideradas “cámaras parásitas” presuntamente utilizadas de manera irregular. El objetivo, señalaron, es evitar que grupos delictivos empleen estos sistemas para monitorear movimientos de las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, vecinos de distintas colonias aseguran que las cámaras eran de uso particular y habían sido instaladas para reforzar la seguridad de sus hogares y negocios ante el aumento de hechos delictivos en la zona.

Habitantes de la colonia El Espejo denunciaron que los equipos representaban una de las pocas herramientas con las que contaban para vigilar sus propiedades y documentar posibles robos o actos vandálicos.

“Nos dejan en total indefensión ante la delincuencia”, expresaron algunos residentes, quienes cuestionaron que las autoridades retiraran los dispositivos sin presentar documentación que justificara la acción.

La inconformidad también alcanzó a la Iglesia Nacional Presbiteriana. Integrantes de un templo ubicado en el centro de Villahermosa denunciaron que dos cámaras de vigilancia fueron desmontadas pese a que habían sido instaladas después de sufrir diversos robos.

Según los testimonios de ciudadanos afectados, durante el operativo los agentes no mostraron órdenes judiciales ni autorizaciones específicas para retirar los equipos, situación que ha generado dudas sobre la legalidad del procedimiento.

A pesar de las críticas, la Secretaría de Seguridad sostuvo que las acciones forman parte de recorridos de vigilancia e inspecciones preventivas destinadas a inhibir delitos, reforzar la presencia policial y garantizar mayores condiciones de seguridad para la población.

El caso ha abierto un debate entre quienes respaldan las medidas para combatir la delincuencia organizada y quienes consideran que retirar sistemas de vigilancia privada sin autorización judicial podría representar un exceso de autoridad y dejar a los ciudadanos más expuestos frente a la inseguridad.