La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso bajo presión una política fiscal que el Gobierno de Nuevo León presentó como una herramienta para combatir la contaminación. Además de las posibles devoluciones a las empresas amparadas, el caso vuelve a colocar en el centro del debate el uso de los recursos públicos y la efectividad de los objetivos ambientales que justificaron el gravamen.

El impuesto comenzó a aplicarse en enero de 2022 e incluyó distintos conceptos relacionados con la contaminación, entre ellos la extracción de materiales pétreos. El Gobierno estatal sostuvo que el cobro buscaba incentivar a las industrias a reducir su impacto ambiental, mientras representantes empresariales cuestionaron que funcionara principalmente como un mecanismo recaudatorio.

Agua y Drenaje: el organismo público que también pagó

Uno de los puntos más controvertidos es el dinero que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) destinó al pago de impuestos ecológicos. Legisladores del PRI y del PAN han señalado que la paraestatal entregó alrededor de 4 mil millones de pesos durante cuatro años por este concepto.

De acuerdo con los legisladores, el organismo debía cubrir gravámenes relacionados con la extracción de agua del subsuelo y la contaminación del agua. Sin embargo, sostienen que el artículo 12 de la ley que crea Agua y Drenaje establece una exención del pago de impuestos estatales y municipales, por lo que cuestionaron que se le cobrara el gravamen desde 2022.

La oposición también ha acusado al Ejecutivo de trasladar recursos de la paraestatal a la Tesorería estatal en lugar de mantenerlos disponibles para atender las necesidades del sistema hídrico. Estas críticas se producen en medio de reclamos por fugas, problemas de drenaje y costos del servicio para los hogares.

En mayo de 2026, legisladores locales impulsaron una reforma para proteger las finanzas de Agua y Drenaje frente a estos cobros. La discusión evidenció el conflicto sobre la legalidad del mecanismo y la necesidad de transparentar cuánto dinero se recaudó y a qué proyectos se destinó.

El Metro y la pregunta sobre el destino del dinero

La polémica también alcanza a las obras de movilidad. Legisladores de oposición han cuestionado que, mientras Agua y Drenaje enfrentaba presiones financieras, el Gobierno estatal defendiera el uso de recursos públicos para proyectos como las líneas 4 y 6 del Metro.

El argumento ambiental del Ejecutivo sostiene que ampliar el transporte público puede contribuir a reducir emisiones al ofrecer alternativas al automóvil. Sin embargo, los retrasos y las molestias asociados a las obras han alimentado las críticas de ciudadanos y representantes políticos que exigen resultados visibles y mayor transparencia.

No está acreditado que cada peso recaudado por el Impuesto Verde se destinara directamente al Metro ni que el fallo judicial determine la situación de esas obras. El punto de fondo es si el Gobierno puede demostrar con claridad cuánto recaudó, cómo distribuyó los recursos y qué beneficios ambientales y de infraestructura obtuvo la población.

La Corte cuestiona las facultades del Estado

El litigio sobre el impuesto a la extracción de materiales pétreos se centró en la distribución de competencias entre la Federación y Nuevo León. La discusión jurídica consiste en determinar si el diseño del gravamen estatal invade facultades federales relacionadas con la explotación de recursos minerales.

Los amparos concedidos a empresas del sector no significan que las pedreras queden exentas de todas sus obligaciones ambientales ni que puedan operar sin controles. La resolución se refiere al cobro cuestionado y sus efectos concretos dependen de los términos de las sentencias.

Según los reportes difundidos, el impacto potencial de las devoluciones podría alcanzar los 2 mil 500 millones de pesos. No obstante, esa estimación no equivale necesariamente al monto definitivo que deberá reintegrarse: las cantidades dependerán de los pagos acreditados y de las resoluciones aplicables a cada empresa.

¿El costo terminará en los bolsillos de los ciudadanos?

La devolución de recursos podría presionar las finanzas estatales, pero todavía no puede afirmarse que el Gobierno necesariamente recurrirá a nueva deuda, aumentará las tarifas del agua o elevará otros impuestos para cubrirla. Esos escenarios dependerán de las decisiones presupuestarias y de los mecanismos legales que se utilicen para cumplir las sentencias.

La preocupación ciudadana tiene, sin embargo, una base concreta: si los recursos públicos se destinan a cubrir obligaciones fiscales inesperadas, podrían reducirse los márgenes disponibles para otros programas y servicios. Por eso, conocer el monto real de las devoluciones y la situación financiera del estado será fundamental para dimensionar las consecuencias.

En el caso de Agua y Drenaje, la discusión es todavía más sensible porque se trata de un servicio esencial. Si se confirma que los cobros cuestionados afectaron su capacidad de inversión, el Gobierno deberá explicar cómo protegerá el mantenimiento de la red, la reparación de fugas y la continuidad del suministro sin trasladar injustificadamente los costos a los usuarios.

La contradicción ambiental que queda abierta

El Impuesto Verde se justificó como un instrumento para que las actividades contaminantes asumieran parte de sus costos ambientales. Pero la recaudación, por sí sola, no demuestra que la contaminación haya disminuido ni que los recursos se hayan traducido en mejoras proporcionales para la población.

La calidad del aire en la zona metropolitana, las condiciones del sistema hídrico y el avance de las obras de movilidad son elementos que deben evaluarse con indicadores verificables, presupuestos transparentes y resultados medibles. También es necesario distinguir entre los objetivos anunciados por el Gobierno y los efectos que efectivamente se consiguieron.

La resolución de la Corte abre así una discusión que va más allá de las pedreras: ¿cómo financiar políticas ambientales sin exceder las facultades legales y sin comprometer otros servicios públicos? Para Nuevo León, el reto será aclarar el destino del dinero, cumplir las sentencias y demostrar que las políticas fiscales producen beneficios concretos para quienes las pagan.