El futuro político de Nicaragua volvió a encender la polémica. Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega aseguró que en el país no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición disputar el poder.

Desde Managua, el mandatario afirmó que sus adversarios políticos buscan "atrapar el gobierno" para beneficiarse económicamente, por lo que advirtió que su administración impedirá cualquier escenario que facilite su regreso a la competencia política.

"Aquí no volverán a haber elecciones para que intenten atrapar el gobierno y el poder", declaró Ortega ante miles de simpatizantes, en un mensaje que ha sido interpretado como el rechazo definitivo a la alternancia democrática.

El gobernante también anunció que trabajará junto con la Asamblea Nacional para impulsar nuevas leyes destinadas a impedir que, según dijo, los "golpistas" y "vendepatrias" vuelvan a tener espacio en la vida política del país.

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo. En febrero de 2025, una reforma constitucional convirtió oficialmente a Murillo en copresidenta, ampliando además el mandato presidencial de cinco a seis años.

Esa modificación también eliminó el equilibrio entre los poderes del Estado al colocar al Ejecutivo por encima de las demás instituciones, además de introducir cambios que han sido cuestionados por organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo.

Con la reforma, las elecciones generales previstas originalmente para 2026 fueron recorridas, en teoría, hasta 2027. Sin embargo, las declaraciones de Ortega generan dudas sobre la realización de futuros procesos electorales competitivos.

El gobierno de Estados Unidos también ha criticado las reformas impulsadas por el oficialismo. Washington sostiene que Rosario Murillo ocupa la copresidencia sin haber sido electa mediante un proceso democrático y acusa al régimen de impedir que la ciudadanía ejerza libremente su derecho al voto.

Desde hace varios años, el gobierno nicaragüense enfrenta señalamientos de organismos internacionales y grupos opositores por presuntos fraudes electorales, persecución de adversarios políticos y restricciones a las libertades civiles, acusaciones que el Ejecutivo rechaza de manera reiterada.