La ciudadanía por nacimiento seguirá siendo un derecho garantizado en Estados Unidos. En una decisión considerada histórica, la Corte Suprema invalidó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para limitar este beneficio a los hijos de migrantes indocumentados y de algunos extranjeros con estancias temporales.

La resolución fue aprobada por una mayoría de seis votos contra tres, con lo que el máximo tribunal del país reafirmó la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual establece que prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía.

En la opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., sostuvo que la orden presidencial contradecía el texto constitucional y recordó que este principio ha sido una garantía fundamental del sistema jurídico estadounidense durante más de un siglo.

Roberts destacó que la ciudadanía representa "el derecho a tener derechos" y subrayó que quienes redactaron la Decimocuarta Enmienda buscaron extender esa protección a todas las personas nacidas en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La controversia comenzó el primer día del segundo mandato de Trump, cuando firmó la orden ejecutiva denominada "Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", con la intención de impedir que los hijos de migrantes en situación irregular y de personas con visas temporales obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense.

La medida generó una inmediata ola de impugnaciones legales. Organizaciones defensoras de los derechos civiles, colectivos de apoyo a migrantes y familias afectadas acudieron a los tribunales, donde lograron suspender su aplicación mientras avanzaba el proceso judicial.

Con este fallo, la Corte Suprema pone fin a uno de los litigios más relevantes en materia migratoria de los últimos años y establece un importante precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a los derechos consagrados en la Constitución.

La decisión representa un revés para la política migratoria impulsada por Donald Trump y mantiene vigente uno de los principios más emblemáticos del sistema constitucional estadounidense: que el lugar de nacimiento, y no el estatus migratorio de los padres, es el criterio que determina la ciudadanía al nacer.