Mientras enfrenta un proceso judicial por acusaciones de violencia familiar y vicaria, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, suma un nuevo señalamiento relacionado con la asignación de un contrato por más de 4 mil 838 millones de pesos.

La denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y solicita revisar la legalidad de la adjudicación directa del contrato PMX-2025-98-347, otorgado al consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

El expediente también fue turnado para conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control en Pemex.

De acuerdo con la documentación, Pemex justificó la adjudicación directa bajo una excepción contemplada en la ley, al argumentar razones de seguridad nacional, seguridad pública y protección de instalaciones estratégicas.

El contrato contempla un monto máximo de 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y considera el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por año, además de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución de unidades.

La denuncia también solicita investigar la capacidad técnica y financiera de las empresas beneficiadas, posibles conflictos de interés, la existencia de beneficiarios finales distintos a los registrados y cualquier irregularidad en el proceso de contratación.

Como parte de las líneas de investigación, fuentes consultadas señalan que Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex, sería uno de los principales operadores políticos vinculados con Impulsa Tu Ganancia, por lo que se pide esclarecer posibles relaciones personales, patrimoniales o comerciales.

Además, durante una visita al domicilio registrado por la empresa en Metepec, Estado de México, no se encontró personal ni identificación visible de oficinas, situación que también fue integrada al expediente como parte de las indagatorias.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte únicamente de una denuncia presentada ante autoridades federales. No existe una resolución administrativa o penal que determine responsabilidades por la asignación del contrato ni contra Víctor Rodríguez Padilla ni contra las empresas involucradas.