La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en el proceso de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al conceder una suspensión que evita, por ahora, la aplicación de cualquier sanción que implique separarlo del cargo.

La medida cautelar fue otorgada dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal y busca preservar la estabilidad institucional mientras el máximo tribunal resuelve el fondo del caso.

De acuerdo con la resolución, el Congreso de Nuevo León podrá continuar con todas las etapas del juicio político, pero no podrá ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del mandatario hasta que la SCJN emita una sentencia definitiva.

El máximo tribunal explicó que la suspensión no pretende detener el procedimiento legislativo, sino impedir que una posible sanción cause daños irreparables en caso de que posteriormente la controversia constitucional sea declarada fundada.

La Corte argumentó que separar temporalmente a un funcionario electo mediante voto popular representa una afectación que no puede repararse con el paso del tiempo, además de que podría afectar el funcionamiento de la administración pública estatal.

El juicio político fue impulsado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local a partir de una denuncia presentada por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en diversos procedimientos y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.

Por su parte, el Gobierno de Nuevo León sostiene que el expediente carece de pruebas suficientes y que, en gran medida, está integrado por notas periodísticas y documentación insuficiente para sustentar las acusaciones.

Antes de la resolución de la SCJN, un Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ya había otorgado una suspensión provisional para detener temporalmente la votación relacionada con el juicio político.

Tras conocerse la decisión del máximo tribunal, Samuel García informó a través de sus redes sociales que la controversia constitucional fue admitida y que la Corte concedió la suspensión solicitada.

En contraste, el asesor jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Tamez, señaló que la resolución permite al Poder Legislativo y, en su caso, al Tribunal Superior de Justicia continuar con el procedimiento hasta emitir una resolución, aunque cualquier sanción de destitución quedará suspendida mientras la SCJN resuelve el caso de fondo.