La emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela ha dejado una nueva preocupación entre las miles de familias que permanecen en refugios temporales: la seguridad de niñas, niños y adolescentes separados de sus seres queridos durante el desastre.

En campamentos improvisados, madres y padres viven con miedo constante. Una mujer que permanece con sus hijos en una tienda de campaña aseguró que "ayer se llevaron a dos niños; uno lograron recuperarlo y el otro no apareció", reflejando la incertidumbre que domina a muchas familias desplazadas.

Aunque autoridades locales mantienen presencia en las zonas afectadas e incluso han logrado reunir a algunos menores con sus familiares, habitantes de los refugios afirman que el temor persiste. Muchos padres aseguran que evitan perder de vista a sus hijos incluso por unos minutos.

La preocupación no se limita a los campamentos. Decenas de menores que sobrevivieron al colapso de edificios permanecen hospitalizados o fueron separados de sus familias durante los rescates, lo que incrementa el riesgo de errores de identificación o de que personas ajenas intenten hacerse pasar por familiares.

La organización UNICEF estima que alrededor de 680 mil niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los terremotos. Además del acceso a alimentos, agua y atención médica, el organismo considera prioritario garantizar procesos seguros de identificación, registro y reunificación familiar.

Equipos de apoyo psicológico también fueron desplegados en distintos refugios para atender a menores afectados por la tragedia. Trabajadores sociales explican que el juego se ha convertido en una herramienta fundamental para ayudar a los niños a sobrellevar el trauma y disminuir los efectos emocionales del desastre.

En medio de esta situación, comenzaron a circular denuncias sobre posibles desapariciones y presuntas redes dedicadas al secuestro o venta de menores. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia oficial que confirme la operación de una organización criminal dedicada a ese delito tras los sismos.

Una de las alertas más relevantes fue presentada por la abogada Luciana Minassian, quien aseguró haber encontrado publicaciones sospechosas en plataformas de compraventa que aparentemente ofrecían muñecos o peluches, pero que podrían ocultar operaciones relacionadas con menores de edad.

La jurista informó que recopiló el material y lo entregó a autoridades venezolanas y a la Policía Nacional de España para que investiguen un posible vínculo con redes internacionales, debido a que algunos anuncios mostraban precios en euros.

Al mismo tiempo, organizaciones especializadas como CECODAP recuerdan que las emergencias humanitarias representan uno de los escenarios de mayor vulnerabilidad para la infancia. La pérdida de familiares, el desplazamiento masivo y el colapso institucional pueden facilitar casos de trata, explotación o desaparición si no existen protocolos estrictos de protección.

El caso del niño Noah, cuya familia denunció que una mujer habría intentado hacerse pasar por pariente tras su rescate, así como la búsqueda de menores como Amaia Landaeta Machado, ilustran la angustia que viven muchas familias mientras intentan localizar a sus hijos.

Especialistas señalan que el temor de los venezolanos tiene un fuerte antecedente histórico. Tras la tragedia de Vargas de 1999 surgieron investigaciones por presuntas adopciones irregulares y desapariciones de menores, mientras que la avalancha de Armero, en Colombia, dejó lecciones internacionales sobre la necesidad de documentar rigurosamente el destino de cada niño rescatado.

En paralelo, redes sociales se han llenado de mensajes que advierten sobre supuestos secuestros masivos o niños abandonados. No obstante, verificaciones realizadas por medios independientes y organizaciones de protección infantil han desmentido varias de esas publicaciones.

Uno de los rumores más difundidos acusaba a dos mujeres de retirar niños de refugios haciéndose pasar por sus madres. Posteriormente se confirmó que ambas eran familiares de menores rescatados y que las acusaciones carecían de fundamento.

También fue desmentida la versión que aseguraba que más de 400 niños permanecían solos en el Parque del Oeste. Hasta ahora no existen registros oficiales que respalden esa cifra, aunque las autoridades reconocen que todavía continúan las labores de localización e identificación de personas desaparecidas.

Ante este panorama, instituciones como el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CJPNNA), IDENNA y diversas organizaciones civiles mantienen operativos permanentes para registrar a los menores rescatados, monitorear hospitales y refugios, y facilitar la reunificación familiar.

Plataformas ciudadanas como la impulsada por la activista Renata Solomou y el registro Desaparecidos Terremoto Venezuela concentran información de personas no localizadas y colaboran con distintas organizaciones para cruzar datos entre hospitales, albergues y centros de atención.

Expertos e influencers venezolanos también han llamado a extremar precauciones ante mensajes de desconocidos que ofrecen hacerse cargo de niños afectados por la tragedia. Recomiendan no entregar nunca a un menor sin verificar plenamente la identidad del adulto responsable y documentar cualquier traslado mediante fotografías, identificación oficial y registros formales.

Las organizaciones humanitarias coinciden en que, además de continuar las labores de rescate, la prioridad es impedir que el caos provocado por los terremotos se convierta en una oportunidad para la explotación infantil. Al mismo tiempo, hacen un llamado a la ciudadanía para no difundir información sin verificar, ya que los rumores pueden entorpecer las búsquedas y aumentar la angustia de las familias que aún esperan reencontrarse con sus hijos.