Durante la audiencia realizada en los juzgados de la colonia Doctores, el juez reconoció que Pichel incumplió con el tratamiento de sensibilización contra la discriminación que debía completar dentro del plazo original de seis meses. A pesar de ello, decidió no revocar el beneficio de enfrentar el proceso fuera de prisión.

Como parte de las condiciones judiciales, Ximena deberá integrarse a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), además de realizar servicio comunitario y continuar con las terapias obligatorias ordenadas por la autoridad.

La Fiscalía capitalina había solicitado revisar las medidas cautelares debido a que la acusada no concluyó el tratamiento antidiscriminación en tiempo y forma. Sin embargo, la defensa argumentó motivos personales y psicológicos para justificar las ausencias y retrasos en el programa.

A su salida de los juzgados, Ximena Pichel evitó responder si ya había comenzado todos los cursos y actividades ordenadas previamente. No obstante, aseguró que actualmente recibe terapia psicológica y reiteró una disculpa pública por los hechos que provocaron indignación nacional.

“Cometí un error y estoy arrepentida”, declaró ante medios de comunicación. También afirmó que tanto ella como su hijo han vivido momentos difíciles desde que el caso se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

El caso de “Lady Racista” se hizo viral en julio de 2025, luego de que la mujer insultara verbalmente a un elemento de Tránsito de la SSC con expresiones discriminatorias durante un altercado en la vía pública. El video desató una ola de críticas y exigencias de sanción.

Además de las terapias y el servicio comunitario, Pichel enfrenta otras medidas judiciales como el pago de una multa de 97 mil pesos, la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad y la prohibición de salir del país mientras continúe el proceso.

Las autoridades también le ordenaron evitar cualquier contacto o acercamiento con el policía afectado, así como abstenerse de acudir a lugares frecuentados por él. La Fiscalía advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en consecuencias legales más severas.

El caso volvió a generar debate en redes sociales sobre los límites de las sanciones por discriminación y sobre si figuras virales involucradas en actos de odio o racismo reciben un trato más flexible por parte del sistema judicial.